San Luis es una de las provincias argentinas que cobran menor porcentaje de Ingresos Brutos (IIBB), según un informe elaborado y difundido por la fundación Libertad. San Luis tiene una tasa de 4,3% y por debajo de ella solo están Formosa, con 3,6%; Corrientes, con 3,3%; y Santiago del Estero, con 3%.
“Además de que San Luis está entre las provincias que perciben menor tasa de Ingresos Brutos, hay que señalar que este informe no contempla los descuentos por buen contribuyente que ofrece la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP). Por lo que, si los sumamos, San Luis es la provincia con menores tasas de ingresos brutos del país”, señaló una fuente del Gobierno provincial a Todo un país.
Ingresos Brutos es un impuesto provincial que grava cada etapa de la cadena productiva, lo que lo convierte en uno de los más distorsivos del sistema tributario argentino, definen los técnicos en el estudio realizado por la fundación Libertad.
El desglose por sector muestra que Catamarca, Buenos Aires, Entre Ríos y Neuquén son las provincias con mayor nivel promedio de IIBB, lo que dificulta la actividad productiva, al resultar las tasas más altas del país. Catamarca demanda un 6,2%, mientras que Buenos Aires, Entre Ríos y Neuquén perciben un 6%.
Constituida el 3 de marzo de 1988, Fundación Libertad es una entidad privada sin fines de lucro que desde hace 36 años trabaja en la investigación y difusión de temáticas en el campo de las políticas públicas, dirigidas en particular a lo socioeconómico y empresarial.
En la provincia de San Luis, Ingresos Brutos es un impuesto que tienen que pagar todas las personas, asociaciones, organizaciones, sociedades, empresas, que realicen actividad habitual y a título oneroso, es decir, que no la realizan en forma gratuita, señala el sitio web de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos.
Media sanción a la creación de los Consorcios Camineros
En la sesión llevada a cabo ayer, la Cámara de Diputados de San Luis aprobó por mayoría (28 votos afirmativos contra 12 negativos) el proyecto de ley impulsado por el gobernador Claudio Poggi que crea el Régimen de Consorcios Camineros. La propuesta, que busca resolver una demanda histórica del sector agropecuario, pasó a la Cámara de Senadores para su tratamiento definitivo. El objetivo central de la iniciativa es instrumentar un nuevo modelo de gestión descentralizada para la conservación, mantenimiento y mejoramiento de las rutas provinciales no pavimentadas que integran la red vial secundaria, la cual abarca 4.460 kilómetros distribuidos en toda la provincia. El régimen fomenta la conformación de entes sin fines de lucro integrados por productores agropecuarios, vecinos, usuarios e instituciones locales, que trabajarán bajo el control y la supervisión técnica de la Dirección Provincial de Vialidad.
Una respuesta a un reclamo histórico Durante el debate en el recinto, la diputada Eugenia Gallardo, quien actuó como miembro informante, destacó que la norma «va a marcar un hito en la forma de gestionar la red vial provincial», transformando una problemática de más de tres décadas en una política de Estado duradera. Gallardo subrayó que la propuesta fue consensuada tras meses de trabajo y reuniones con representantes de entidades y sociedades rurales de distintas regiones. Por su parte, la diputada Miriam Serra enfatizó el impacto social y económico de la red vial rural: «Cuando hablamos de caminos rurales, no estamos hablando solamente de caminos. Estamos hablando de desarrollo, producción, trabajo y la posibilidad concreta de que quienes viven y producen en el interior lo hagan en mejores condiciones».
Los diputados del oficialismo destacaron además que los caminos garantizan también el acceso diario a escuelas rurales, centros de salud, hospitales y pequeños parajes
