En el marco de la causa caratulada “Presentación Dr. Pipitone Caporicci Maximiliano Andrés – Auditorías Generales 2023” (PEX 393125/24), el fiscal Francisco Ghaleb Assat Alí, titular de la Fiscalía de Instrucción N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, solicitó que se convoque a una audiencia de formulación de cargos conforme a lo establecido en el artículo 110 del Código Procesal Penal de la Provincia de San Luis.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por los abogados Maximiliano y Sebastián Pipitone, quienes detectaron irregularidades tras ser víctimas de la usurpación de un inmueble familiar. Al indagar en el sistema judicial, identificaron un patrón en el que al menos doce personas intercambiaban roles en aproximadamente 950 expedientes judiciales, actuando como demandantes, testigos o presentando documentación falsa para apropiarse de bienes inmuebles.
Según los denunciantes, esta presunta asociación ilícita operaba con la connivencia de ciertos actores del Poder Judicial, abogados y civiles, y se valía de documentación apócrifa, como denuncias policiales falsas y recibos de servicios inexistentes, para simular posesiones y obtener sentencias favorables que les permitieran escriturar propiedades ajenas.
La solicitud fue dirigida a la jueza Luciana Paola Banó, titular del Juzgado de Garantía N° 4, y comprende a doce ciudadanos que serán formalmente imputados en el marco de esta investigación.
Los imputados son: Juan Cruz Domínguez, Hugo Alberto Guzmán, Juan Alberto Sosa, Alberto Javier Ochoa, Pablo Héctor Herrera, José Héctor Jofré, Mario Cristian Vega, Carlos Mario Peralta, Roberto Daria Córdoba Gordillo, Héctor David Escobar, María de los Ángeles Toscano y Walter Luis Alejandro Terceros Todos ellos cuentan con domicilio en la ciudad de San Luis, a excepción de Peralta y Terceros, quienes residen en Potrero de los Funes.
La causa se encuentra en etapa de investigación y se tramita en la Unidad de Gestión Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial. Aunque no se especifican en esta presentación los hechos concretos atribuidos a cada imputado, el proceso avanza hacia una etapa clave con la posible formulación de cargos.
El caso ha sido calificado como la mayor estafa en la historia judicial de la provincia de San Luis, debido a su magnitud y al presunto perjuicio de instituciones públicas como el Colegio de Escribanos, la Policía, Rentas, el Banco Supervielle, el Estado Provincial y el propio sistema judicial.
