Hace un mes exactamente, luego de seis días de pelear por sobrevivir en el policlínico de Villa Mercedes, falleció Lautaro Rodrigo Britos. Y su madre, Josefina Sarrotti, no puede borrar de su mente las últimas palabras que él logró pronunciar antes de perder la voz, la fuerza para respirar y, en definitiva, el aliento. “Perdóname, mamá… Cuidá a mis bebés”, le pidió. Se disculpó porque nunca le hizo caso cuando la mujer le repitió hasta el cansancio que se le alejara de Luna Agüero, su expareja, madre de sus hijos y la persona que, a la postre, lo atacó con fuego. Mientras que la segunda parte del pedido tenía que ver con el hecho de que, en su interior, sentía que así como estaba, con el 75 % del cuerpo quemado, no le quedaba mucho tiempo de vida.
Sarrotti dijo que no solo le rogó al joven de 22 años que se distanciara de Agüero, sino también que la denunciara a ella y a su familia por todas aquellas veces que lo agredieron. “Yo me enteraba de lo que le hacían porque él me llamada y decía ‘vení, ma, ayúdame a salir de acá’, pero después no quería poner la denuncia”, reveló.
La mujer relató que la relación entre su hijo y su exnuera, que hace un mes está en el penal de San Luis, no siempre estuvo marcada por la violencia. En los primeos ocho meses de convivencia, cuando vivían solos y alquilaban un departamento, el vínculo transcurrió como cualquier noviazgo.
Los problemas iniciaron, según dijo, cuando la imputada dio a luz a su primera hija. Entonces, sintió pavor de no poder criar a la bebé por sí sola y decidió mudarse a lo de su madre, para que ella la ayudara con la crianza. Una vez que Britos se instaló en lo de su suegra, donde también vivían sus cuñadas, empezaron los malos tratos hacia él, señaló Sarrotti.
“La relación ya no era entre Luna y Lautaro, sino que eran ellos, la mamá de Luna y las hermanas de ella. Mi hijo no tenía opinión ahí… Una vez llegué y lo tenían entre las cuatro contra la pared”, aseguró. Dijo que a veces lo atacaban bajo la excusa de que las otras mujeres no permitirían que él golpeara a la acusada, algo que Sarrotti remarcó que era imposible porque su hijo jamás le puso una mano encima a quien fue su pareja.
La madre contó que el 30 de julio, hasta un rato antes del ataque mortal, la acusada había llamado a la víctima para exigirle que le enviara el dinero para sus nenes. “Ese día mi hijo había cobrado y él no sabía si darle la plata a ella o comprarle la mercadería”, comentó.
Cuando Sarrotti preparaba la cena, pasadas las 22, el joven le avisó: “Ya vengo, ma, voy a comprar cigarrillos”. Ella le pidió que no se demorara porque ya iba a estar lista la comida y se le iba a enfriar. Pero, en el camino, él se encontró con Martín, un amigo, y se fue hasta la vivienda de la manzana 7258, del mismo barrio La Ribera, donde luego, según la investigación, su expareja le rociaría un combustible y le prendería fuego.
Al cabo de una hora o más, cuando la madre del muchacho salió a tirar la basura, vio a Agüero pasar con su hermana en una moto, en dirección a donde estaba Britos. A las 23:53 recibió una andanada de llamados vía WhatsApp de parte de la imputada que ella decidió no atender, porque pensó que eran para insultarla.
En un determinado momento, harta de los constantes llamados, atendió uno de un número desconocido. Era su hijo. “Ma, ándate al policlínico que estoy quemado”, alcanzó a decirle. “¿Qué pasó?”, le preguntó desesperada ella y lo siguiente que oyó fue un golpe y el corte de la comunicación.
Homicidio de Fernando Gil: los acusados seguirán presos
Las cuatro personas –tres hombres y una mujer– acusados de participar en el homicidio de Fernando Gil, el joven asesinado a golpes en abril, en el extremo sudoeste de la ciudad de San Luis, continuarán presas. La Justicia dispuso prorrogar por sesenta días la prisión preventiva de Walter, Leonardo y Damián Agüero y mantuvo por el mismo plazo la prisión domiciliaria de Rosa Noemí Jiménez.
Al mismo tiempo, la jueza de Garantía N° 2, Agustina Dopazo Samper, hizo lugar al pedido de la Fiscalía de Instrucción N° 4 y extendió por noventa días el plazo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), al considerar que todavía existen medidas probatorias pendientes que deben ser producidas antes de avanzar hacia una nueva etapa del proceso.
Durante la audiencia, la fiscal adjunta Antonella Romagnoli había solicitado que tanto las medidas de coerción como la investigación fueran prorrogadas por noventa días. Fundamentó el pedido en la persistencia de los riesgos de que los investigados se fuguen o entorpezcan la investigación, si están en libertad, y en la necesidad de completar distintas diligencias.
Entre ellas, el análisis de cuatro celulares secuestrados durante los allanamientos, cuyo informe aún no fue incorporado a la causa. También resta realizar una junta médica interdisciplinaria, a partir de la incorporación de un informe anatomopatológico elaborado en la provincia de Mendoza. Y una reconstrucción del hecho.
