El gobernador Claudio Poggi firmó el decreto de promulgación de la ley que regula las actividades con metales no ferrosos en la provincia. De esta manera, busca poner freno al robo de cables en la vía pública, delito que afecta la provisión de servicios en la región (electricidad y telecomunicaciones) y pone en riesgo a la población.
En el impulso de la medida trabajaron los ministerios de Seguridad y Desarrollo Productivo. La iniciativa surge a partir de los daños en la infraestructura y peligros ocasionados por estos hurtos.
La legislación busca acreditar la procedencia legítima de metales y verificar su origen lícito. Dispone límites preventivos y de control para el uso comercial o industrial, público o privado de las diferentes aleaciones.
La ley alcanza a personas o en tes que realicen actividades de carácter comercial con metales no ferrosos (como chatarrerías o depósitos) en el territorio provincial. Y exceptúa a los yacimientos minerales, cuyo régimen de control está abarcado por otras normativas.
Los metales no ferrosos son aquellos que no presentan hierro como componente principal, como cobre, estaño, níquel, cobalto, cromo, titanio, aleaciones de aluminio y bronce.
La autoridad que aplicará la ley es la Dirección Provincial de Minería. Para ello, se dispuso crear el Registro de actividades vinculadas a la comercialización de metales no ferrosos y otros.
El organismo será el encarga do de proveer el fácil acceso a la información, para que no existan confusiones. En dicho registro deberán inscribirse los sujetos que manipulen diferentes elementos metálicos.
Para mantener un control de la trazabilidad, las personas deben asentar sus operaciones en un sistema que por ley se implementará y deben puntualizar de forma clara cada uno de los datos que sean requeridos. Tienen la obligación de actualizar esa información, para la transparencia en el procedimiento e identificar con rapidez los materiales robados.
Las entidades públicas y privadas que presten servicios públicos en San Luis podrán registrar catálogos de los metales no ferrosos utilizados en sus instalaciones. Además, la ley les prohíbe la venta minorista de éstos.
Si en una inspección se encontraran bienes sin la documentación respaldatoria, los sujetos alcanzados por la normativa tendrán que responder ante el Ministerio Público Fiscal y se les aplicará la infracción correspondiente.
Los sujetos deben estar atentos a la posibilidad de infringir la norma: el tener metales no ferrosos y no estar inscripto en el registro puede ser factor de sanciones administrativas tales como apercibimiento y multa, decomiso de los bienes objeto de infracción, clausura temporal o definitiva e inhabilitación temporaria o definitiva de la inscripción en el registro.
Aquel ciudadano que sea considerado infractor, tendrá una responsabilidad civil o penal y se le imputarán los hechos.
