Un tercio de la población de San Luis tiene problemas de vivienda, de acuerdo al análisis preliminar de datos del plan “Tenemos Futuro”. La cifra revela la herencia recibida por el Gobierno de Claudio Poggi, tras ocho años de su predecesor Alberto Rodríguez Saá quien optó por dejar de lado la política habitacional. Desde el inicio de su gestión Poggi se comprometió a dar soluciones habitacionales: “La política de viviendas llegó para quedarse”, repite.
Durante los 90 días en que estuvo abierto el registro se inscribieron 66.504 grupos familiares, que incluyen 190.761 personas según los formularios de inscripción. El número representa el 35,19% de los habitantes de la provincia. Ya que de acuerdo al último censo nacional (2022) en el territorio sanluiseño viven 542.069 habitantes.
“La política de viviendas llegó para quedarse”, repite a cada paso Claudio Poggi. Es uno de los ejes de su gestión.
En cuanto a los departamentos, Juan Martín de Pueyrredón tuvo el 43,39% de las solicitudes, General Pedernera 31,82% y Junín 6,07%. Le siguieron Chacabuco (3,98%), Ayacucho (3,87%), Coronel Pringles (2,75%), Gobernador Dupuy (1,93%), Belgrano (0,68%) y San Martín (0,51%).
Una mirada por el rango etario muestra que los jóvenes de entre 18 y 39 años son los que tienen más necesidad de una vivienda (64,23%). Le sigue la franja de 40 a 49 años (22,84%) y los de 50 años en adelante (12,93%).
Para dar respuesta a la gran demanda, el Gobierno decidió presentar un proyecto de ley en la Legislatura para decretar la Emergencia Habitacional por el término de cinco años, prorrogable por períodos anuales por el Poder Ejecutivo.
El texto incluye la creación de la Secretaría de Estado de Política Habitacional, además de la realización de un censo de terrenos fiscales urbanos y suburbanos, tanto nacionales, como provinciales y municipales.
El gobernador Claudio Poggi determinó que el 50% de presupuesto destinado a obras e infraestructura pública será implementado en brindar soluciones habitacionales.
Y finalmente se decidió incluir en el proyecto el requerimiento de toda la documentación e información necesaria a los aspirantes y su grupo familiar, para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley NºI-0970-2017.
