El Superior Tribunal de Justicia de San Luis (STJ) notificó este miércoles al Sindicato de Judiciales Puntanos (SiJuPu) que procederá a descontar de los haberes el proporcional de los días y horas no trabajados por quienes adhieran a las medidas de fuerza programadas para noviembre.
El gremio había resuelto, en asamblea extraordinaria realizada en simultáneo en las tres circunscripciones judiciales, mantener el estado de asamblea permanente, continuar el quite de colaboración en horarios vespertinos y atender solo los asuntos urgentes previstos en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Administración de Justicia (LOAJ), además de realizar paros totales los días 7, 14, 18 y 25 de noviembre.
El Tribunal, presidido por Jorge Alberto Levingston e integrado por los ministros José Guillermo L’Huillier, Andrea Carolina Monte Riso y Víctor Manuel Endeiza, argumentó que la modalidad de protesta “producirá demoras en la tramitación de los procesos judiciales y un incremento de trámites pendientes que afectarán el derecho a la tutela judicial efectiva”.
Por esa razón, anunció que se descontarán los haberes correspondientes a las horas y días en los que no se preste servicio, al considerar que la remuneración “consiste en la contraprestación de un servicio efectivamente prestado” y que es deber de las autoridades “producir el descuento proporcional”.
La nota cita los artículos 9 y 10 de la LOAJ, que establecen los derechos y deberes del personal judicial, y recuerda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha avalado los descuentos en casos similares, al sostener que “no pueden ser objeto de cuestionamiento los descuentos de haberes los días que no fueron trabajados por adherir los agentes a medidas de fuerza” (Fallos 313:149, 1990) y que “no hubo prestación que justifique la remuneración” (Fallos 312:318, 1989).
Además, el STJ prohibió expresamente las manifestaciones dentro de los edificios judiciales, con el fin de “evitar que se afecte la atención al público, la circulación de personas o el desempeño de las tareas jurisdiccionales y administrativas”.
Finalmente, el Tribunal reiteró su “disposición al diálogo institucional dentro del marco del respeto recíproco y de las competencias que la Constitución Provincial y la LOAJ asignan a cada poder del Estado”.
No firmó la nota el ministro Eduardo Allende, por encontrarse en comisión oficial.
