Este martes, Diego Domingo Ponce, un hombre que había salido de la cárcel hace apenas tres meses, atacó con un cuchillo y le causó graves heridas a una niña en el paraje Los Peros, cercano a Santa Rosa del Conlara. El agresor no debía estar libre: está condenado a prisión perpetua por asesinar a su novia, Laura Natalia Chirino, de 17 años, en el año 2002. Pero la jueza de Ejecución en lo Penal de la Segunda Circunscripción Judicial (Villa Mercedes), Nora Graciela Villegas, le dio libertad condicional el 16 de octubre de 2025. Ahora está detenido otra vez.
Por estas horas, mientras la niña, que tendría 10 años, es atendida en un hospital, en la opinión pública las oraciones por su salud se multiplican tanto como la indignación por el hecho en sí y por la decisión judicial que potenció el peligro para la víctima.
Según una de las hipótesis iniciales, Diego Domingo Ponce atacó a la menor en Los Peros en ocasión de un robo que consumó al aprovechar que la niña estaba sola. Por lo que se ve, al homicida la vida y la integridad física de las mujeres le importan muy poco.
Y por lo visto, a la jueza Nora Graciela Villegas tampoco le importan esas vidas ni el sentido reparador que tienen las condenas a los criminales. Porque sin importar que hayan cometido delitos muy graves y estén penados a prisión perpetua, esta magistrado de Villa Mercedes persiste en favorecer a los delincuentes: Ponce no es el primero, ella acumula una serie de resoluciones en tal sentido.
La indignación que la magistrado causó ahora por liberar a Ponce y permitir que apuñalara a una nena tiene sus antecedentes. Un informe que el sitio de noticias elchorrillero.com publicó el 20 de abril de 2025 señaló que en lo que iba de ese año (recién el cuarto mes), Villegas ya había otorgado permisos extraordinarios a 11 condenados por homicidio, abuso sexual y robo. Dos de ellos habían recibido prisión perpetua por homicidio y debían estar privados de la libertad hasta 2048. Otros debían permanecer en prisión hasta 2031, 2035 y 2037.
En marzo de 2025, la jueza reincidió en su voluntad de favorecer a Juan Manuel Chaves, un docente condenado, dos años antes, por abusar sexualmente de menores que eran sus alumnos en el Colegio San Buenaventura, en Villa Mercedes. En marzo de 2024 había tomado la misma resolución.
En esa ciudad también es recordado el caso de Jesús Tobares, un hombre con un historial de diversas modalidades de robo, entre ellas el cuatrerismo, que cumplía pena en Pampa de las Salinas. En agosto de 2024, Nora Villegas le otorgó un permiso extraordinario, sin consulta al Servicio Penitenciario Provincial (SPP). El penado tardó más en llegar al domicilio familiar donde debía pasar el permiso de salida que en escaparse.
Jueces a los que no les importa la justicia
Se sabe que en el sistema jurídico argentino la prisión perpetua no es perpetua, sino que equivale a 35 años de prisión. Es decir que ecién al cumplir ese tiempo de encierro se puede pedir la condicional. Pero Ponce cometió el femicidio de Laura Chirino en 2002, es decir que para octubre de 2025, cuando la jueza Villegas decidió beneficiarlo con la libertad, llevaba recién poco más de veinte años de cumplimiento de la pena.
No se sabe cuáles son los criterios de la magistrado para otorgar beneficios a mansalva a los condenados, cuando su responsabilidad funcional es controlar la ejecución de la pena que otros magistrados les impusieron. Pero algo está claro: esos criterios no tienen nada que ver con los principios de justicia que no solo deberían regular el funcionamiento de los tribunales, sino que dan sentido y legitiman la existencia misma del Poder Judicial.
Es habitual el uso del término “Justicia” como sinónimo de este poder del Estado. Sin embargo, desempeños como el de la jueza Nora Graciela Villegas transmiten la idea que no hay nada más desacertado que trazar el mismo significado, o al menos uno parecido, entre Poder Judicial y justicia.
El propio Poder Judicial tiene los mecanismos y los organismos pertinentes para examinar desempeños como el de la magistrado en cuestión. Pero, al parecer, sus camaradas no se dan por enterados de cómo esta jueza persiste en tomar resoluciones con las que alimenta en la ciudadanía la idea de que a los magistrados no les interesa velar por sus derechos y su seguridad.
