La causa judicial por la muerte de una mujer en una clínica privada de San Luis, en 2014, llegó a su fin este martes mediante un acuerdo de reparación integral entre los dos médicos que estaban imputados por homicidio culposo y el esposo de la víctima.
Yulie Viviana Huamán Rivera murió en noviembre de 2014, luego de recibir atención médica en la Clínica Privada Italia. Su viudo, Luis Marcelino Sierra, le dijo a la jueza María del Valle Durán que en realidad no estaba conforme con el acuerdo, pero necesitaba poner fin a un proceso judicial que causó mucha angustia y desgaste a su familia.
La causa fue resuelta por Durán en su calidad de integrante de un Tribunal unipersonal del Colegio de Jueces. Homologó el acuerdo alcanzado entre Sierra y los médicos Carlos Alberto Merelli y Roberto Antonio Carió.
“He aceptado este acuerdo, mas no estoy conforme. Lo hago con una finalidad de poner fin a este largo proceso”, expresó Sierra ante la jueza.
También sostuvo que la vida de su esposa no podía valorarse en términos económicos y que, pese a ello, había decidido aceptar el convenio por su tranquilidad y la de su familia.
El querellante relató que los años transcurridos entre tribunales, jueces, fiscales y abogados habían deteriorado su salud de manera progresiva. Además, cuestionó que otro de los profesionales que, a su entender, tenía responsabilidad en lo ocurrido ya no estuviera sometido al proceso penal.
Su abogado, Ramón Chávez, explicó que el acuerdo fue alcanzado libre y voluntariamente entre las partes, con el propósito de brindar una solución definitiva al conflicto penal y civil. Señaló que, después de años de tramitación judicial, su representado había decidido aceptar la reparación y solicitó su homologación.
El defensor de los médicos, Bernardo Ramón Estrada, acompañó el pedido y sostuvo que el convenio reunía las condiciones legales para ser homologado. Explicó que, una vez cumplidas las obligaciones asumidas, corresponderá declarar extinguida la acción penal y dictar el sobreseimiento de sus defendidos, conforme a lo previsto en el Código Penal Argentino.
La fiscal de Instrucción en lo Penal Nº 5, Débora Roy Gitto, manifestó que no tenía objeciones al acuerdo y consideró que se trataba de una salida alternativa prevista por la legislación procesal.
El convenio establece que Merelli y Carió deberán abonar una reparación económica a Sierra. El pago se realizará de manera escalonada: una primera parte al finalizar la audiencia y el saldo restante en tres cuotas, con vencimientos a los 30, 45 y 60 días. Los médicos también asumieron el pago de los honorarios profesionales del abogado de la querella.
El acuerdo contempla una solución definitiva tanto para el proceso penal como para el reclamo civil vinculado con los mismos hechos. En ese sentido, la parte querellante aceptó no efectuar nuevos reclamos económicos contra los profesionales por los conceptos comprendidos en el convenio.
Durante la audiencia, la jueza verificó que tanto Sierra como los dos médicos conocieran las condiciones del acuerdo, sus alcances y las consecuencias legales de su aceptación. Todos confirmaron que habían recibido asesoramiento de sus abogados y que prestaban su consentimiento de manera libre y voluntaria.
La magistrada homologó el convenio, pero aclaró que la extinción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo de los médicos quedarán sujetos al cumplimiento íntegro de las obligaciones asumidas. Para ello, deberán acreditarse, en el expediente, los pagos correspondientes.
Esto significa que, una vez cumplidas esas condiciones, el proceso penal podrá cerrarse definitivamente y los profesionales no serán sometidos a juicio por estos hechos, sin que se dicte una sentencia que determine su responsabilidad penal en la muerte de la paciente.
Murió por tuberculosis
Según la investigación realizada por la fiscalía, Yulie Viviana Huamán Rivera ingresó el 30 de octubre de 2014 a la Clínica Italia, donde fue intervenida quirúrgicamente tras ser diagnosticada con colecistitis aguda y litiasis vesicular.
Luego de recibir el alta médica, debieron internarla nuevamente debido al agravamiento de su estado de salud. Durante esa segunda internación permaneció varios días bajo atención médica, sin un diagnóstico certero sobre la causa de su cuadro clínico.
Ante el deterioro de su salud, el 13 de noviembre fue trasladada al Sanatorio Franchín, en la Ciudad de Buenos Aires, donde murió al día siguiente.
Una junta médica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) concluyó que la causa probable de muerte fue una tuberculosis diseminada con neumopatía bilateral.
En julio de 2026, el Juzgado de Garantía Nº 3 admitió la acusación realizada por la fiscalía por homicidio culposo contra Merelli, Carió y Marcelo Fabián Velázquez y dispuso la elevación de la causa a juicio. La Fiscalía había solicitado para cada uno dos años de prisión y seis años de inhabilitación especial para ejercer la medicina.
Posteriormente, Velázquez alcanzó un acuerdo de reparación integral con la querella, mientras que Sergio Ferreyra, otro de los profesionales inicialmente investigados, ya había sido sobreseído tras cumplir un convenio de las mismas características.
