Los abogados de la exdiputada Anabela Lucero y los exfuncionarios Exequiel Scarel y Enzo Lucero volvieron a interceder por sus clientes ante un tribunal de Impugnación de Villa Mercedes, por un pedido que realizaron la semana pasada y no les fue concedido: la liberación de los tres imputados en la causa de corrupción Molino Fénix.
Expusieron ante los jueces los mismos argumentos que habían esgrimido ante el juez de Garantías 4, Santiago Ortiz, y, al menos en el caso de la exlegisladora, los reforzaron, señalando que no estaba claro en qué punto se apoya la fiscalía para solicitar la prisión preventiva de la dirigente política del riñón de Alberto Rodríguez Saá.
De todos formas, la respuesta del tribunal, conformado por los magistrados Marcelo Bustamente Marone, Hernán Herrera y Cintia Martín, no varió en nada respecto al fallo tomado por Ortiz hace siete días. En una resolución que se hizo desear hasta última hora, la noche de este miércoles, los jueces confirmaron el alojamiento en el penal de Lucero y compañía.
Bautista Rivadera, representante de Scarel y Enzo Lucero, había subrayado durante la audiencia que en los dos años que tiene la investigación sus asistidos nunca trataron de entorpecer el proceso, ni dieron cuenta de los supuestos peligros señalados por el fiscal instructor José Olguín.
También mencionó las condiciones laborales y familiares de sus defendidos, que serían delicadas, y remarcó, de modo puntual, el estado de salud que atraviesa uno de los hijos de Scarel.
Esteban Bustos y Ariel Cabello, los defensores de Lucero, habían afirmado que el encarcelamiento impuesto a la exlegisladora se sustentaba en elementos probatorios inexistentes. Indicaron que los fiscales, al momento de hacer tal requerimiento, ni siquiera detallaron por qué no consideraban suficientes, para garantizar la continuidad de la investigación, las medidas alternativas a la cárcel. «La fiscalía que acusa habla en general para todos, sin especificarnos concretamente sobre cada imputado y cuál sería el peligro procesal. Entonces nadie sabe de qué tiene que defenderse», argumentó Bustos.
Aseguraron que su clienta siempre estuvo ajustada a derecho, que las imputaciones no son sólidas y carecen de evidencia que haga pensar que, una vez que vuelva a ser libre, intente escapar u obstaculizar el curso de la causa de alguna manera.
A cambio de que ya no permanezcan en la penitenciaria, los abogados le propusieron al tribunal las mismas alternativas que le habían presentado al juez Ortiz: la posibilidad de que los acusados cumplan una prisión en modalidad domiciliaria o, mejor aún, la liberación de todos con el compromiso de ir cada mes a fiscalía para firmar el libro de imputados, no salir de la provincia, no acercarse al complejo Molino Fénix, ni comunicarse de ninguna manera con los testigos de la causa. Y, para respaldar tal solicitud, los defensores asumieron la responsabilidad de hacer cumplir tales pautas, además de proponer un auto como caución económica.
CRIMEN EN EL BARRIO 274 VIVIENDAS DE JUANA KOSLAY
Homicidio de Valentín Sosa: los acusados deberán afrontar el juicio
Una jueza rechazó el beneficio que habían alcanzado los dos involucrados en el homicidio de Valentín Manuel Sosa, asesinado en su casa de Juana Koslay, y deberán afrontar un juicio oral y público.
La defensa de Kevin Ortiz y Marcos Videla, el autor material del crimen y su cómplice, había alcanzado un acuerdo con la fiscalía para que ambos accedieran a un juicio abreviado. La propuesta contemplaba una pena de 13 años de prisión para Ortiz, acusado de homicidio en ocasión de robo, y de 2 años de prisión en suspenso para Videla, por encubrimiento agravado.
Ambos imputados por el crimen cometido el 4 de agosto de 2025 en el barrio 274 Viviendas -a la vera de la multitrocha de Los Puquios– habían manifestado su conformidad con los hechos, la calificación legal y la pena acordada en la audiencia realizada el 28 de agosto pasado.
Pero la jueza de Garantía N° 4 de San Luis, Luciana Banó, no aprobó el convenio. En su resolución, la jueza mencionó que el juicio abreviado “no es un mero trámite de homologación” y que exige a los jueces un análisis de procedencia formal antes de avanzar sobre los hechos, la prueba y el derecho involucrados.
Sobre esa base, la magistrada advirtió que la calificación jurídica había variado entre la audiencia de formulación de cargos y el acuerdo de juicio abreviado. En función de ello remitió nuevamente la causa a la Fiscalía para avanzar con las actuaciones correspondientes.
