La Cámara de Diputados de San Luis aprobó ayer por mayoría el proyecto de Ley de Adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil. La iniciativa busca instrumentar los procedimientos judiciales provinciales tras la sanción de la Ley Nacional 27.801, que fijó la edad de imputabilidad penal a partir de los 14 años.
El nuevo marco normativo introduce modificaciones directas al Código Procesal Penal de la provincia y a la Ley Orgánica de la Administración de Justicia. Con este cambio, se busca articular las garantías procesales de los menores en conflicto con la ley, la reparación del daño y la reincorporación social de los jóvenes.
Durante el debate legislativo, la diputada Fabiana Zárate argumentó la necesidad técnica de adecuar las herramientas locales al marco de la Nación. «Es obligación de las provincias adecuar sus códigos de procedimiento”, dijo e instó a los operadores judiciales a contemplar el espíritu de la iniciativa: «No solo atender a la punición de los hechos y la reparación de la víctima, sino también a la protección de los adolescentes que se encuentran en situación de conflicto con la ley penal».
El régimen para adolescentes de entre 14 y 18 años prevé asistencia especializada obligatoria, el derecho a ser escuchados, el uso de Cámara Gesell para resguardar la privacidad e intimidad, y la inclusión de métodos de resolución como mediación penal juvenil, criterios de oportunidad, suspensión del juicio a prueba y juicio abreviado.
Respecto a las sanciones, se fijan medidas socioeducativas y de justicia restaurativa que van desde amonestaciones y prohibiciones de contacto o de frecuencia a lugares, hasta trabajos comunitarios, monitoreo electrónico y la reparación integral del daño. En los casos extremos donde corresponda la privación de la libertad, se establece en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño que será una medida de último recurso, por el menor tiempo posible y en establecimientos especializados separados de los adultos.
