Cambian las reglas para recuperar animales del Refugio Municipal de Villa Mercedes

El Concejo Deliberante aprobó una reforma de la ordenanza que regula la protección de animales. Los responsables tendrán plazos para acreditar la titularidad, deberán afrontar los gastos de traslado, alimentación y atención veterinaria y podrían perder el derecho a recuperar ejemplares en caso de reincidencia. Además, ya no podrán ser subastados los animales que no sean reclamados.
21 de septiembre de 2026
Los caballos retirados de la vía pública y trasladados al Refugio Municipal deberán cumplir nuevos requisitos para ser recuperados por sus responsables.

Recuperar un animal que fue retirado de la vía pública o quedó bajo resguardo municipal tendrá nuevas condiciones en Villa Mercedes. El Concejo Deliberante aprobó por mayoría una modificación de la normativa vigente que incorpora mayores requisitos para la restitución de ejemplares y establece nuevas obligaciones para sus responsables.

La reforma corresponde al expediente 23135/O/26 y modifica los artículos 27 y 57, además de incorporar el artículo 56 bis a la Ordenanza N° 72/2006, que regula la protección de animales domésticos y otros. El proyecto ya fue enviado al Ejecutivo municipal para su promulgación.

Uno de los principales cambios alcanza a los animales, especialmente equinos, retirados de la vía pública y trasladados al Refugio de Contención Animal Municipal. A partir de ahora, para recuperarlos será necesario acreditar la titularidad, cumplir con las obligaciones sanitarias, abonar las multas correspondientes y hacerse cargo de los gastos generados durante la permanencia en el predio.

Habrá dos plazos para reclamar al animal

La nueva normativa establece un procedimiento dividido en dos etapas.

En primer lugar, el responsable tendrá cinco días para reconocer al animal y manifestar su intención de recuperarlo. Una vez cumplida esa instancia, contará con un plazo de 30 días para acreditar la titularidad y completar los requisitos exigidos.

En el caso de los caballos, la documentación deberá cumplir con las disposiciones establecidas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Entre los elementos mencionados durante el debate aparecen la marca, la señal, la libreta de transferencia y el microchip.

También será necesario presentar la libreta sanitaria y cumplir con las exigencias vinculadas al control de enfermedades zoonóticas.

El responsable deberá pagar los gastos del Refugio

Otro de los cambios centrales es que la persona que recupere un animal deberá afrontar los costos que haya generado su permanencia en el Refugio.

Además de las multas correspondientes a la infracción, se deberá acreditar el pago de los gastos derivados del traslado, alojamiento, alimentación, medicamentos y atención veterinaria, entre otras prestaciones necesarias para el cuidado del ejemplar.

Según explicó el presidente de la comisión de Ecología, Medio Ambiente e Higiene, Juan Pablo Godoy, esos montos deberán determinarse mediante un informe del área municipal correspondiente, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la cantidad de alimento suministrado y los medicamentos utilizados y sus valores de mercado.

Godoy sostuvo que el objetivo es evitar que el Refugio termine funcionando como un espacio de permanencia prolongada para animales cuyos propietarios no asumen su responsabilidad.

“No es una guardería, la responsabilidad de los tenedores no es dejarlos seis días tirados ahí”, expresó el concejal durante el tratamiento de la reforma.

Quienes reincidan podrían perder el derecho a recuperar al animal

La modificación también incorpora una medida para los responsables que vuelvan a incurrir en infracciones relacionadas con el cuidado de sus animales.

En esos casos, podrán perder la posibilidad de reclamar nuevamente al ejemplar, una disposición que busca impedir que un animal retirado por una situación irregular sea devuelto al mismo responsable y vuelva a quedar expuesto a una situación similar.

La medida contempla a caballos, perros y gatos, de acuerdo con las situaciones alcanzadas por la normativa.

Ya no se podrán subastar los animales no reclamados

Otro cambio importante está relacionado con el destino de los animales que no sean recuperados por sus responsables.

La reforma elimina la posibilidad de realizar subastas públicas, mecanismo que estaba contemplado en la normativa anterior. En su lugar, establece que la continuidad de la vida de los ejemplares podrá garantizarse mediante asociaciones proteccionistas, organizaciones no gubernamentales vinculadas a la protección animal o adoptantes responsables.

El debate surgió también por casos de maltrato

Durante el tratamiento de la modificación, Godoy hizo referencia a situaciones en las que animales fueron restituidos a personas señaladas por hechos de maltrato.

Como antecedente, mencionó un caso ocurrido en julio en el que un equino fue devuelto por disposición judicial a una persona que, según relató el edil, había protagonizado un episodio de violencia contra el animal.

“Me tocó ver cómo le devolvían un equino a alguien que lo violentó, nos golpeó, nos violentó y nos hizo sostener con nuestro bolsillo la recuperación de una yegua y un potrillo”, manifestó.

El concejal planteó que uno de los objetivos de la reforma es generar herramientas para evitar que situaciones de este tipo vuelvan a repetirse y que el costo del cuidado de los animales recaiga sobre el municipio.

Los caballos sueltos, otro de los motivos de la reforma

La discusión legislativa también estuvo atravesada por la presencia de equinos sin control en calles y espacios públicos de Villa Mercedes.

Godoy recordó distintos episodios registrados en la ciudad, entre ellos el caso de una yegua que parió en un espacio verde y permaneció allí durante varios días, además de accidentes relacionados con animales sueltos.

“Un animal suelto puede morder, puede generar accidentes y puede tener consecuencias zoonóticas en la comunidad”, señaló.

Desde el Concejo Deliberante sostienen que la nueva normativa busca reforzar la responsabilidad de los propietarios y otorgar al Municipio mayores herramientas para intervenir cuando esa obligación no sea cumplida.

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