Causa Molino Fénix: pidieron 14 años de cárcel para Joaquín Beltrán, 13 para Anabela Lucero y penas de 6 a 9 años para el resto

El fiscal de Villa Mercedes, José Olguín y su equipo de trabajo, además, le solicitaron por segunda vez a la Cámara de Diputados de las Provincia el desafuero de Beltrán para avanzar con la audiencia de control de acusación y el juicio oral respecto a él, el único de los acusados que goza de blindaje legislativo.
21 de noviembre de 2026
El exgobernador Alberto Rodríguez Saá junto a la exdiputada Anabela Lucero, quien está presa desde el 24 de agosto.

El rumor corrió durante todo el viernes. A medida que avanzaban las horas se volvía más y más fuerte. Y, ya para el último tramo del día, el comentario que nadie se atrevía a confirmar se volvió una realidad. El fiscal instructor 3 de Villa Mercedes, José Olguín y su equipo habían enviado a la Cámara baja un segundo pedido de desafuero para el diputado provincial Joaquín Beltrán, archimputado junto a su pareja, la exlegisladora Anabela Lucero, otros tres exfuncionarios y un empresario de Villa Mercedes por presuntamente apropiarse, entre otros elementos, de unos $900 millones en fondos públicos con la administración del emblemático Complejo Molino Fénix.

La solicitud no venía sola. En paralelo, la fiscalía había elevado en tiempo y forma la ratificación de las acusaciones contra los seis imputados que tiene esa causa, para que en breve, el Colegio de Magistrados conforme un tribunal y fije día y horario para el inicio del juicio oral. En el requerimiento el Ministerio Público Fiscal, además de desmenuzar con lujo de detalles y repasar una por una las pruebas que tiene contra de Lucero y compañía, precisó las penas a las que considera que cada uno debe ser condenado por el combo de delitos que les endilga.

Ahora todos ellos confirmaron que será su libertad la que estará en juego cuando deban comparecer al debate oral y público con altas probabilidades de ser llevado a cabo en tan solo unos meses, la primera mitad del 2027. Y por muchos años. Los fiscales peticionaron 14 años de cárcel para Beltrán, 13 para Anabela Lucero, nueve para el empresario Christian Hedel Domingo Becher, ocho para los ex funcionarios albertistas Exequiel Scarel y Enzo Lucero y seis para Diego Torres, otro sospechoso que no está definido si cumplió el rol de funcionario o solo se desempeñó como otro empleado público.

Los fiscales también sugirieron que, en el caso de ser sentenciados, la carrera política de los acusados se termine para siempre. Plantearon la inhabilitación absoluta y perpetua para que Beltrán, Anabela, su hermano Enzo, su cuñado Exequiel Scarel y Torres no vuelvan a ocupar un cargo en la función pública, ni siquiera como empleados públicos rasos.

Como lo han hecho a lo largo de todos estos meses, desde el 24 de agosto cuando la mayoría fueron encarcelados preventivamente, Olguín solicitó que los Lucero, Scarel y Becher sigan alojados en el Servicio Penitenciario de San Luis hasta la finalización del juicio, en el que determinarán si recuperarán la libertad o si el encierro que ya experimentan es solo una muestra de los que les espera.

Por último, entre las medidas cautelares, los fiscales recordaron los pedidos de embargos por 300.000.000 de pesos para la exdiputada y el actual diputado, otro por 50.000.000 respecto a Scarel y Enzo Lucero y la inhibición bienes y derechos patrimoniales de Becher para cubrir la suma de 400.000.000 de pesos. Tal cifra se desprende, explicaron los fiscales, de las operaciones que tienen acreditadas que realizó el conocido comerciante de Villa Mercedes y que rondaría con facilidad los 99.385.965,45 de pesos.

Por segunda vez, el pedido de desafuero

Antes de presentar la acusación formal para la elevación a juicio de la causa, la fiscalía le remitió a la Cámara de Diputados una nueva petición para la quita del blindaje parlamentario que impide el avance del proceso penal sobre Beltrán. La protección propia de su cargo como legislador, ya lo salvó de no ser enviado a prisión a fines de agosto pese a estar imputado, al igual que la mayoría por asociación ilícita, peculado, fraude a la administración pública, destrucción de pruebas, entre otros tantos delitos.

Olguín y su equipo ya habían requerido el desafuero el 27 de agosto y, luego de su tratamiento, el Parlamento decidió por votación que el diputado del riñón de Alberto Rodríguez Saá conservara su protección. En aquel, entonces, antes de conocer la decisión final de sus pares, Beltrán se había pronunciado brevemente y dijo, en resumidas cuentas, que arribada la acusación evaluaría si renunciar a sus fueros. Ese momento llegó.

En esta segunda solicitud del Ministerio Público Fiscal a la Cámara baja aclara que la etapa de investigación hacia el legislador está terminada, pues reunieron suficientes elementos probatorios para sostener todas las acusaciones en su contra. Y señala que, si bien han podido llevar adelante la investigación preliminar sin vulnerar la inmunidad parlamentaria del sospechoso, su blindaje los traba para proseguir a instancias más definitorias como el control de acusación y, por supuesto, el juicio oral y público.

Por todo eso, requieren cuanto antes el allanamiento de los fueros de Beltrán por parte de la Honorable Cámara de Diputados.

Olguín y su equipo esperan que tal requerimiento sea tratado en la sesión del próximo miércoles. De todos modos, el funcionario público le adelantó a Todo Un País que, en el caso de que la Cámara resuelva como lo hizo en septiembre, no habrá problema. Aguardarán con suma paciencia a que el diputado provincial cumpla el año de mandato que le queda y, una vez que eso esté hecho, procederá con el control de acusación para que sea juzgado como cualquier otro hijo de vecino.

 

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