El procurador ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eduardo Casal, pidió ayer condenar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a 12 años de prisión en la causa Validad, en un dictamen presentado ante el máximo tribunal del país.
Casal respaldó la apelación del fiscal ante Casación Mario Villar, quien presentó una queja ante la Corte para que se duplique y se lleve de seis a doce años la condena a la ex vicepresidenta.
Para ello reclaman que se revoque su absolución por asociación ilícita y también se la condene por este delito. Fernández de Kirchner está condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta, en un veredicto del Tribunal Oral Federal 2 que está confirmado por la Cámara Federal de Casación.
Se trata de la causa que investigó el direccionamiento del 80% de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Días atrás, la expresidenta volvió a poner en primer plano la idea de su “proscripción”, un eje político y discursivo que potenció en 2022 cuando la condenaron en primera instancia en la causa “Vialidad” pese a que, en términos prácticos, no lo estaba: aún restaban dos instancias de apelación.
“No voy a ser candidata a nada, mi nombre no va a estar en ninguna boleta” dijo, luego de conocerse una primera sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Pero lentamente la situación empezó a cambiar al postularse en 2024 como candidata a presidir el PJ nacional.
Criptogate: Investigan a Milei y su hermana
La jueza federal María Servini libró un oficio al Banco Central para que informe los entidades bancarias que operan o hayan operado cuentas a nombre del presidente Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros tres investigados en el escándalo del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA en febrero pasado.
Servini pidió los informes en un legajo abierto de manera reservada y bajo secreto de sumario en lo vinculado al Presidente y su hermana para investigar su evolución patrimonial ante las denuncias presentadas en la investigación que está delegada en la fiscalía federal de Eduardo Taiano, informaron fuentes judiciales. En el oficio se pide información desde el año 2023 al presente.
La medida se sumó a la inhibición y prohibición de innovar por 90 días respecto a los bienes de otros tres imputados en el caso, Mauricio Novelli, Sergio Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores y Manuel Terrones Godoy.
