El fiscal Assat Alí cuestionó al magistrado. Dijo que la devolución del vehículo sospechado de haber sido comprado con sobreprecio, afecta la investigación.
El Fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí, presentó una apelación contra la orden del juez Marcos Flores Leyes, quien dispuso la devolución del colectivo al San Luis Fútbol Club. El vehículo fue adquirido por la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez, quien habría pagado un sobreprecio superior a los 100 millones de pesos.
Assat Alí argumentó que la decisión del juez ha causado “un gravamen irreparable” al Ministerio Público Fiscal, ya que se ordenó la entrega de un bien que era fundamental para la investigación en curso. Así se refirió a lo decidido por Flores Leyes en la audiencia del pasado viernes cuando el magistrado resolvió devolver al club el colectivo Volvo 8450 R6x2. La devolución “ha afectado negativamente los objetivos de la investigación”, dice el fiscal.
“Lo que agravia irreparablemente a este MPF es que dicha arbitraria resolución impide realizar las pericias del automotor, y demás actos investigativos que se requieran, dado que al día de la fecha por cuestiones burocráticas en el nombramiento de peritos oficiales, no ha podido realizarse. Así mismo, no puedo soslayar que el plazo de investigación penal preparatoria no se encuentra agotado, lo cual torna dicha resolución arbitraria”, fundamentó el fiscal.
Además señaló que la decisión de Flores Leyes “vulnera claramente el objeto procesal del instituto del secuestro, que no es más ni menos, una medida que tiende a que los bienes de interés para la investigación sean preservados para el cumplimiento de una función dentro del proceso”.
También cuestionó que el juez “no ha valorado correctamente las circunstancias de la presente investigación, en la cual precisamente se investiga la posible comisión de defraudación a la administración pública (entre otros delitos) por sobreprecio justamente sobre pago del bien objeto de secuestro. La conservación del mismo resulta imprescindible para la presente investigación, dado que su eventual uso, afectará gravemente el valor del mismo”, aseveró.
La investigación se originó a partir de acciones ocurridas sobre el cierre de la gestión anterior, cuando el Gobierno provincial otorgó un subsidio de 290 millones de pesos al San Luis Fútbol Club, entidad presidida por Ramírez, para la adquisición de este colectivo. Se sospecha que se pagó un sobreprecio que podría ascender a los $160 millones. Por eso la causa está relacionada con presuntos delitos de negociaciones incompatibles con la función, malversación de caudales, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de la administración pública.
