La cifra surge del balance del Tribunal de Cuentas que además detectó que el exgobernador dilapidó un promedio de 2,1 millones de pesos diarios en “gastos reservados”.
El Tribunal de Cuentas de la Provincia terminó por confirmar el déficit que dejó el gobernador Alberto Rodríguez Saá al cerrar la puerta e irse de Terrazas del Portezuelo el pasado 10 de diciembre. En las arcas provinciales soló quedaron deudas y dinero comprometido por un total de $93.125.748.517.
Así lo refleja el análisis de las rendiciones que hizo el propio gobierno. El pasado 1 de julio, el Tribunal emitió el acuerdo N° 457 mediante el cual, como lo hace cada año, analiza los números de la provincia. Ahora esa documentación fue enviada a la Legislatura para su aprobación o rechazo.
El trabajo del Tribunal concluye que al cierre de 2023 no había saldo financiero disponible (es decir, si bien había dinero, no se podía utilizar en la administración) debido a que lo que había ya estaba afectado: un tercio correspondía a fondos de terceros, es decir, dinero que no era del Estado, sino que estaba compuesto por fondos de reparo, retenciones impositivas y saldos de empresas, entre otros. Otro tercio estaba compuesto por saldos con afectaciones específicas, es decir, fondos que tenían asignados una finalidad específica dada por ley (recursos nacionales para obras o programas como el Cucai o el Profe) y el tercio restante, era deuda.
La caja “propia”
Pero además de ese escenario difícil en lo financiero que dejó como herencia, los números develaron el uso arbitrario de parte de los recursos. El más bochornoso son los gastos reservados. Se trata de una “caja” que manejaba directamente el propio gobernador y que no tiene que rendir en detalle.
Bajo ese rubro Rodríguez Saá realizó gastos por un total de 784 millones de pesos. Para tomar una dimensión de semejantes desembolsos se puede decir que equivale a abrir la billetera (o pasar la tarjeta) para desembolsar algo más de 2,1 millones de pesos por día.
Otro número que llama la atención es lo utilizado en Pauta Publicitaria, destinada a la difusión de actos de gobierno. El monto desembolsado en ese item fue de 5 mil millones de pesos. Esos fondos fueron a parar a espacios contratados en medios de comunicación (nacionales, provinciales, municipales, digitales, etc) entre ellos “El Diario de la Republica”, del propio gobernador, en ese entonces dirigido por su hija, María Luz.
El pronunciamiento del Tribunal de Cuentas fue emitido por unanimidad con las firmas de Natalia Hissa, Alberto Ferraro, Guillermo Catalfamo y Sergio Oste. Los dos últimos son miembros permanentes nombrados en su momento por el gobierno “rodriguezaísta”. También firmó el contador fiscal Héctor Pellegrino como vocal subrogrante y en el caso de Cecilia Badaloni se excusó porque fue funcionaria de la gestión saliente y en el último tramo se desempeñó como secretaria de Finanzas.
Coincidencias
El dictamen del tribunal de cuentas coincide con el relevamiento efectuado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), a pedido del gobierno que concluyó sobre el déficit, la indisponibilidad de fondos al cierre del ejercicio y la licuación de los títulos públicos que había percibido la Provincia de manera excepcional con motivo del juicio ganado al Estado nacional.
El contador general de la Provincia, Omar Pecorari, señaló: “Al cierre del año pasado no existían fondos en el tesoro provincial, ya que los saldos estaban compuestos por fondos de terceros, fondos de empresas, fondos que estaban afectados para pagar deudas o se trataba de fondos con una asignación específica y que no podían disponerse libremente”.
