En un proceso penal los roles están bien definidos. De un lado está la fiscalía, que debe representar al Estado y velar por la promoción de la acción penal contra los autores de un delito. Del otro está la defensa, en nombre de la persona o las personas investigadas, y la querella, que representa a la parte damnificada por el delito o delitos que se supone cometió el sospechoso y el Ministerio Publico Fiscal tiene la tarea de investigar y acusar con pruebas. Para Tania Ponce en el caso de la fiscal instructora de San Luis Antonella Córdoba y su adjunta Mercedes García pareciera no existir distinción entre la función de la fiscalía y la de la defensa, al menos en la causa que impulsa contra Matías Quiroga, su expareja y un futbolista que consiguió una cómoda vida gracias a su desempeño en clubes argentinos y extranjeros.
El deportista fue investigado por “incumplimiento de los deberes de asistencia familiar”, “estafa procesal” y “ocultamiento de bienes”. Pues no cumple con la cuota alimentaria para el hijo que tiene en común con Ponce, al tiempo que realiza gastos mensuales por 6 millones de pesos, es dueño de una inmensa casa en alquiler en Potrero de los Funes, viajes al Caribe para todo el grupo familiar, solo se comunica con I Phone y otras bondades de una holgada vida, a la que solo le falta una cascada en la piscina.
Pero en una reciente audiencia ante un tribunal, compuesto por tres jueces, la titular del Ministerio Público Fiscal (MPF) omitió mencionar ese combo de delitos y refirió que al jugador solo le formularon cargos por “desobediencia de una orden judicial” en dos casos y no cumplir con el pago de la cuota alimentaria, informó Ponce ante el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge Alberto Levingston, y el procurador general de la Provincia, Sebastián Cadelago Filippi. En simples palabras, la mujer, que también es abogada, denunció que Córdoba y García les mintieron en la cara a los magistrados del Tribunal de Impugnación, Laura Molino, Yanina Del Viso y Jorge Sabaini Zapata, quienes todavía deben tratar una apelación en curso.
La denunciante puso en conocimiento al presidente del STJ y al procurador que, en realidad, las funcionarias públicas faltaron a la verdad en varios puntos. Sostuvo que, durante la audiencia, tacharon de «impertinentes» los audios que les facilitó para llevar adelante la investigación, cuando jamás se tomaron la molestia de comunicarse con ella o citarla para ahondar en los detalles y profundizar en las averiguaciones.
Indicó que también no fueron honestas cuando afirmaron que llevaron adelante una «tarea titánica de conciliación». Muy por el contrario, Ponce jura que jamás hicieron nada que se le parezca. Y finalmente mintieron cuando manifestaron que la querella nunca solicitó acceso al maletín fiscal, dado que hasta existe una constancia escrita de ese pedido planteada por el abogado de la expareja del futbolista. En ese documento, que es una presentación de evidencia, para garantizar la igualdad procesal, la parte denunciante solicitó acceder al maletín fiscal, tal como le proporcionaron a la defensa, que fue «privilegiada» con siete llamados a formular cargos, «excusaciones vagas» de la anterior fiscal, María del Valle Durán, y el innecesario giro de la causa, durante medio año, al fiscal instructor 1 de Villa Mercedes, Maximiliano Bazla Cassina.
La mentira quedó registrada, les señaló Ponce, en la grabación de la audiencia del 27 de abril ante el Tribunal de Impugnación. Fue en el minuto 00:20 del registro fílmico cuando Córdoba refiere que en la audiencia de imputación, del 21 de agosto del año pasado, solo se formularon cargos por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y desobediencia de una orden judicial, al no acatar la prohibición de conducir vehículos y no presentarse en la fiscalía a firmar un libro una vez al mes para dejar constancia que está sujeto al proceso penal.
«Ello es falso», recordó la parte damnificada, puesto que el juez de Garantías de San Luis, Juan Manuel Montiveros Chada, en su resolución aceptó también los cargos contra el futbolista por no abonar la cuota alimentaria de su hijo, ocultamiento de bienes y estafa procesal, este último no es otra cosa que engañar a un juez en beneficio propio.
