La Cámara de Diputados llevará adelante hoy y mañana audiencias públicas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Senado, con un esquema que limita la participación a unos 400 expositores sobre un total de más de 100 mil inscriptos.
El oficialismo de La Libertad Avanza definió un formato mixto, con intervenciones presenciales y virtuales. Este miércoles, entre las 10 y las 19, expondrán 200 oradores en el Congreso, mientras que otros 200 lo harán de manera remota el jueves. El resto deberá enviar su postura por escrito o a través de videos.
El esquema generó cuestionamientos, ya que la gran mayoría de los interesados no podrá participar en forma directa. Además, cada expositor tendrá un máximo de cinco minutos, lo que obligará a las autoridades de las comisiones a controlar estrictamente los tiempos.
Los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, también resolvieron limitar la presencia de asesores a dos por bloque, lo que suma tensión con la oposición.
Pese a los pedidos de distintos sectores para ampliar la cantidad de jornadas, el oficialismo mantuvo el cronograma previsto para el 25 y 26 de marzo.
Desde el peronismo, la izquierda y otros bloques provinciales cuestionaron las restricciones a la participación. En paralelo, el desarrollo de las audiencias quedó atravesado por planteos judiciales. El juez Enrique Regueira rechazó una medida cautelar presentada por particulares que buscaba suspender las reuniones, al considerar que no se acreditaban los requisitos necesarios para frenar un acto parlamentario.
El juez Regueira sostuvo que “no alcanza a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca -al menos con el grado de evidencia que se requiere- para suspender los efectos de un acto parlamentario, máxime cuando la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades constituidas obliga a los procesos precautorios a una severa apreciación de las circunstancias del caso y de los requisitos ordinariamente exigibles para toda medida cautelar”.
Sin embargo, aún resta la resolución de otra presentación impulsada por organizaciones ambientalistas ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7. Entidades como FARN, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Universitaria por la Crisis Climática y Greenpeace reclamaron que se garantice la participación oral de todos los inscriptos en el proceso de debate.
