La Cámara de Diputados se encamina a convertir hoy en ley los proyectos impulsados por los gobernadores para reformar la distribución de la partida de ATN y del impuesto a los combustibles, que ya la oposición asegura tener el quórum y los votos para aprobar esas iniciativas.
Las propuestas impositivas impulsadas por los gobernadores se aprobaron el pasado 10 de julio en el Senado, y mañana junto con los vetos a las leyes jubilatorias y de discapacidad, son los temas que monopolizarán la sesión impulsada por los bloques opositores.
Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, pidieron la sesión especial para tratar vetos jubilatorios, los proyectos sobre ATN y combustibles, una reforma al Régimen Penal Tributario, y un dictamen para destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora sobre el Caso Libra.
El conglomerado de bloques opositores armó la agenda para que el último tema que se trate es el proyecto sobre combustibles, y los primeros los vetos de la ley de discapacidad y del aumento del 7,2 por ciento a los jubilados.
Los proyectos impulsados por el Gobernadores tienen asegurada la votación pero no los dos tercios ante un eventual veto de esas leyes, ya que el Gobierno presentó una propuesta alternativa que rompió el grupo de los mandatarios. Por eso motivo acompañaron el dictamen de minoría de la LLA, diputados del PRO y de los gobernadores de Entre Rios, Rogelio Frigerio, de Chaco Leandro Zdero, y de San Juan Marcelo Orrego.
El dictamen de mayoría que respalda el texto votado por el Senado establece que los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional serán distribuidos de acuerdo a los índices establecidos en la ley de coparticipación federal.
En tanto, el proyecto de reforma a la ley de combustibles respalda la decisión de eliminar fondos fiduciarios, pero establece una nueva distribución del tributo para que el Gobierno Nacional solo pueda tener el 14,29 por ciento de los recursos y el grueso de ese dinero se envié a las provincias.
El proyecto que propone reformar la distribución del impuesto a los combustibles aspira repartir ese tributo de la siguiente manera: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 52,02% para las provincias y un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.
