Estaba detenido desde hacía un año y por el tipo de delito seguramente estaba al tanto de que la Justicia no le impondría una pena que lo confinaría por años y años en el Complejo Penitenciario de la Botija. Por eso, la mañana de este martes, luego de arribar a un acuerdo con la fiscalía de San Luis, un hombre se dejó de trámites procesales y reconoció que distribuyó durante años, a través de las redes sociales y de la aplicación de mensajería Telegram, fotos y videos de menores de edad que eran abusados sexualmente. Lo hizo para evitar un extenso juicio oral y, a su vez, como parte de un trato para ser condenado a solo tres años y medio de cárcel.
La propuesta fue presentada por la fiscal adjunta de Género 1, Marisol Boschi, ante el juez de Garantía 3 de San Luis, Marcos Flores Leyes. El ahora condenado, asistido por su abogado, Pedro Agúndez, reconoció su responsabilidad en el delito de “facilitación, divulgación y distribución de representaciones de partes genitales de personas menores de 18 años con fines predominantemente sexuales”. Y, en cuestión de minutos, el magistrado homologó el acuerdo y le dictó la sentencia.
En las anteriores audiencias, Boschi explicó que la investigación comenzó gracias a varios reportes del sistema de supervisión y seguimiento “CyberTipline” que recibieron de parte del NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children o Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados), una organización privada sin fines de lucro de Estados Unidos que monitorea en todo el globo la circulación de material de abuso sexual infantil a través de Instagram, X (extwitter) y Facebook.
El primer informe que lo delató fue uno fechado el 2 de diciembre de 2020. Las alertas fueron acumuladas en una misma investigación por u vinculación y permitieron avanzar en la identificación de la persona que compartía los archivos.
Los sucesivos análisis de las conexiones a internet, las cuentas de redes sociales y los datos asociados a los perfiles sospechosos permitieron dar con el acusado. Las averiguaciones establecieron que enviaba y recibía ese material desde la ciudad de San Luis.
Con toda esa evidencia, el 25 de agosto del año pasado la Policía allanó el domicilio del ahora condenado. Le secuestraron un teléfono celular que luego fue peritado.
La fiscal indicó que en el examen del dispositivo descubrieron 70 fotografías y unos 1.600 videos con contenido de abuso sexual infantil, en los que aparecían ante todo adolescentes varones en «situaciones de contenido sexual explícito».
