Las averiguaciones de la fiscalía de Género 1 de San Luis establecieron que un hombre se valió del vínculo de conocido que mantenía con una familia para allegarse a una nena. No se acercó para relacionarse como un adulto debe hacerlo con una menor de edad, sino como ninguna persona debe hacerlo con nadie: para abusar sexualmente cuando ella tenía entre 12 y 13 años. Lo hizo, según la teoría de los investigadores, tantas veces hasta que la dejó embarazada. De hecho, un estudio de ADN corroboró que la criatura que dio a la luz la víctima, en efecto, era del sospechoso.
Con esas y otras pruebas en contra, la fiscalía planteó su imputación por violación y amenazas y requirió su prisión preventiva por 60 días. Pero el juez Juan Manuel Montiveros Chada, si bien aprobó la formulación de cargos por ambos delitos y la aplicación de la privación de la libertad se inclinó a que el cumplimiento de dicha medida de coerción no sea en la cárcel sino bajo la modalidad domiciliaria, en la comodidad de la vivienda del acusado, con el beneficio de poder salir de lunes a viernes, entre las 7 y las 18, para cumplir su jornada laboral.
Durante la audiencia de imputación, la fiscal adjunta Mercedes García contó, de acuerdo con la reconstrucción lograda, que los ultrajes iniciaron a fines de 2024 y se prolongaron durante el 2025. Entre la evidencia que complica al hombre de 33 años están, además de la denuncia, los informes médicos y psicológicos, lo que la adolescente relató ante los profesionales de la Cámara Gesell, los reportes del Centro de Asistencia a la Víctima del Delito y el estudio genético que confirmó el vínculo biológico entre él y el niño que dio a luz la menor.
«Los resultados obtenidos son compatibles con la existencia de el vínculo biológico paterno de la muestra remitida e identificada como A.G.L. respecto de la muestra remitida e identificada como D.N.D. con una probabilidad de paternidad superior al 99,99%”, precisó la representante del Ministerio Público Fiscal en relación al análisis de ADN que deja al descubierto que el acusado es el padre del bebé.
Aunque adelantó que aún resta mucha prueba por producir, como escuchar a otra familiar de la nena e incorporar más informes escolares, sanitarios y testimoniales, solicitó que sea imputado por «abuso sexual con acceso carnal, en dos oportunidades, en concurso real con amenazas simples» y el encarcelamiento preventivo por dos meses y, solo como última alternativa, el beneficio de la prisión domiciliaria junto con la «prohibición de ingreso a la localidad donde residen la adolescente y su grupo familiar».
La defensora de Niñez 3, Belén Suárez, coincidió en casi todo con la fiscalía, pero difirió respecto a la severidad de la medida de coerción. Insistió con que fuera enviado sí o sí prisión y no, por menos, de tres meses. No lo consiguió.


