Con el inicio del receso invernal, el Congreso Nacional suspenderá su actividad legislativa durante dos semanas, lo que postergará hasta agosto el tratamiento de los principales proyectos impulsados por el Gobierno de Javier Milei.
Aunque las vacaciones corresponden al personal legislativo, diputados y senadores también suelen acompañar el receso. La actividad en ambas cámaras volverá el 3 de agosto con una agenda cargada, que incluye la reforma electoral, la ley de Propiedad Privada, el proyecto de Zonas Frías y las iniciativas que el Ejecutivo enviará sobre reforma del Banco Central y modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal.
Durante este período, la mesa política del oficialismo, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, intentará avanzar en negociaciones con los bloques dialoguistas para conseguir los votos necesarios y destrabar los proyectos.
Si bien La Libertad Avanza logró aprobar durante las sesiones extraordinarias iniciativas como la reforma laboral, el régimen penal juvenil, Inocencia Fiscal y el Presupuesto, desde marzo enfrenta mayores dificultades para reunir consensos en el Congreso.
Uno de los expedientes más demorados es la reforma electoral, que busca eliminar las PASO e incorporar un nuevo esquema de colectoras. El proyecto permanece frenado en el Senado desde abril, donde apenas tuvo una reunión de comisión por falta de acuerdos políticos. El oficialismo necesita alcanzar los 37 votos para su aprobación y continúa negociando con gobernadores y senadores aliados.
También siguen pendientes en la Cámara alta los proyectos de Súper RIGI, Zonas Frías, la reforma de la Ley General de Sociedades y la ley de Propiedad Privada, esta última demorada por diferencias en torno a la regulación sobre la extranjerización de tierras.
En Diputados, en tanto, la agenda incluye la ley de Lobby y una nueva reforma a la ley de Inocencia Fiscal, con la que el Gobierno busca ampliar el Régimen Simplificado de Ganancias y facilitar el ingreso de dólares no declarados al sistema financiero. También permanecen sin fecha de tratamiento iniciativas como la reforma del financiamiento universitario.
Reforma laboral: excluyen un tope clave
El Gobierno nacional, a través del Decreto 612/2026, publicado en el Boletín Oficial, modificó la reglamentación de la reforma laboral introducida por la Ley N° 27.802, generando un impacto directo en las negociaciones entre gremios y cámaras empresarias.
La medida excluye del tope del 2% a los aportes patronales extraordinarios, lo que permite a las partes negociar libremente estos montos, aunque los acuerdos deberán ser homologados por el Estado para su validez.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y los ministros Sandra Pettovello y Diego César Santilli, busca precisar el alcance de las disposiciones vigentes y garantizar su adecuada aplicación, especialmente en lo que respecta a la base de cálculo de aportes y contribuciones sindicales. Según el Artículo 1°, esta base incluirá exclusivamente el salario básico convencional correspondiente a la categoría del trabajador, junto con sumas remunerativas normales, habituales y de pago mensual de origen convencional.
Por su parte, quedan excluidos de este cálculo conceptos como premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, sueldo anual complementario (aguinaldo), plus vacacional, sumas no remunerativas y cualquier otro que no se abone de manera normal, habitual y mensual.
Además, el Artículo 2° establece que las contribuciones y aportes acordados en el marco de Convenios Colectivos de Trabajo deberán destinarse exclusivamente a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural en beneficio de los trabajadores. Estos fondos, a su vez, deberán administrarse de manera especial y documentada por separado, conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 467/88.
La norma, que entró en vigencia el 17 de julio, busca brindar certeza jurídica y facilitar el control de legalidad previo a la homologación de acuerdos y convenios colectivos. Sin embargo, su implementación podría generar tensiones entre empleadores y sindicatos, especialmente por la exclusión de conceptos variables en la base de cálculo, lo que podría reducir los ingresos de los gremios.
