Faltan cuatro días para que un Tribunal de Impugnación de Villa Mercedes resuelva si la causa por la muerte de Yohana Pamela Escudero sea archivada por tratarse de un suicidio o si, por el contrario, les permitirá a los familiares de la mujer continuar las averiguaciones por su lado, dado de que tienen la absoluta certeza de que ella no se quitó la vida, sino que se la quitaron y el femicida fue su pareja y padre de sus dos hijos. No obstante, a través de su nuevo abogado, los Escudero se pronunciaron y fueron garrafales contra la fiscalía.
Alberto Mariani, su representante legal, criticó a las fiscales instructoras Gisela Milstein y Nayla Cabrera Muñoz, a las que prácticamente tildó de haberse ocupado de su trabajo, denunció que jamás tomaron en serio las pruebas que habrían presentado, que daban cuenta de la violencia de género y de que ella no se ahorcó. Entre esa supuesta evidencia figuraría algo que Yohana le habría comunicado a Lucas Gatica, el 19 de enero, antes de morir. “Le dijo que se iba a ir, dejar la casa, que iba a abandonar el lugar e iba seguir otro proyecto de vida”, reveló el letrado.
“Creemos que se apresuraron a cerrar la causa porque no buscaron evidencia, recién la fiscalía empezó a dar vuelta la situación con el planteo de la familia sobre la posibilidad de un homicidio”, aseveró Mariani y aclaró que no se trata de una posición caprichosa de los Escudero de sostener esa teoría. “Había elementos importantes a considerar, como la situación de la pareja, que era critica”, señaló.
Lo dijo en una conferencia que los hermanos de Yohana convocaron en su estudio jurídico. Pero, antes de disparar contra las fiscales, el abogado leyó un comunicado, en el que dejó clarísimo que sus asistidos están totalmente disconformes con la resolución de la jueza Natalia Pereyra Cardini. El lunes 1° de junio la magistrada había autorizado el archivo de la causa, al considerarla agotada en tanto a la revisión judicial, a la vez que les permitió a los familiares de la mujer fallecida seguir la investigación por su cuenta.
Consideran, de cierta forma, que la Justicia los abandonó y los dejó a la buena de Dios con esa decisión. El fallo implicaría que los Escudero deberán ocuparse y costear la producción de pruebas con sus propios bolsillos, cuando están muy lejos de ser personas adineradas.
“¿En qué situación nos encontramos los ciudadanos cuando el Ministerio Público Fiscal decide no continuar, no investigar? Quedamos en un estado de pseudo impunidad, porque no se puede poner en manos de los privados, pretender que gente que no tiene plata contrate peritos y que controle la evidencia», expresó eufórico Mariani y calificó todo de una total locura porque así solo “los ricos y poderosos» tendrían derecho a la Justicia.
Respecto a las fiscales no disimuló para nada su disgusto. Un par de veces mencionó que no hicieron el trabajo por el que los ciudadanos les pagan a través de los impuestos. Dijo que, aunque la fiscalía concluyó que Yohana se quitó de manera voluntaria la vida, ni siquiera estudió bien la teoría del suicidio. “No investigó la dinámica de un posible suicidio, la posición del cuerpo, no analizaron la estructura del baño, ni estudiaron el cable y no buscaron otro elemento constrictor, que pudo ser el que le produjo otras heridas que tenía aparte de la del ahorcamiento», manifestó.
«La autopsia dice que no encontraron lesiones defensivas, excepto marcas de compresión digitales en los brazos que tenían días de evolución. Pero presentamos fotos del día anterior (el 18 de enero) del rostro, el cuello y los brazos y ahí se podía ver que no presentaba ninguna lesión», indicó. Aseveró que cuentan con videos del lugar de trabajo de la mujer de 36 años, en las que no detectaron «ninguna mancha en los brazos».
Pero uno de los puntos más polémicos de la conferencia fue cuando el abogado querellante afirmó lo que la fiscal Nayla Cabrera Muñoz le habría respondido cuando él le requirió examinar el contenido de los celulares secuestrados. «Cuando planteamos el análisis de los audios la fiscal de Género nos dijo que esos audios no los habían investigado porque no podían conocer su procedencia. ¿Cómo? Para eso están los peritos de Delitos Complejos que pueden decir de qué teléfono se extrajo el audio, cuándo fue mandado y hasta pueden hacer pruebas fonoaudiológicas para saber de quiénes son las voces», argumentó.
Por último, adelantó que, si el fallo del Tribunal de Impugnación no es el que esperan, es decir que la causa sea reabierta por la fiscalía, los Escudero continuarán su reclamo. Lo llevarán, si es necesario, ante el Superior Tribunal de Justicia y hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
