En vista de que la ratificación de la acusación para la consecuente elevación a juicio de la causa Molino Fénix es inminente y el riesgo de que, al recuperar su libertad en este punto culminante del proceso penal, Christian Hedel Domingo Becher intente darse a la fuga o perjudique el curso de las averiguaciones, los fiscales José Olguín y su adjunto Marcelo Palacio Fernández le solicitaron al juez de Garantías 4 de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, que extendiera el encarcelamiento preventivo de ese sospechoso otros tres meses. El magistrado de Villa Mercedes estuvo de acuerdo con tal pedido y ordenó que este fin de semana, cuando el empresario cumpla los 60 días de encierro en el Servicio Penitenciario de San Luis, se renueve esa prisión preventiva 90 días más.
Luego de escuchar el planteo del Ministerio Público Fiscal y antes de que el juez se pronunciara, los defensores del conocido comerciante de la ciudad, sus abogados Pascual Celdrán, Soledad Poma de Otaegui y Hanna Enrique Abdallah, objetaron la prolongación de la medida de coerción. Tacharon de desmedido el requerimiento de la fiscalía, pidieron la libertad de su cliente y, en el peor de los casos, sugirieron que cumpla con la medida de coerción, pero bajo la modalidad domiciliaria. Antes de terminar, recordaron que no todo está dicho, pues este es solo un estadio de la causa y, por lo tanto, el encarcelamiento preventivo no puede ser utilizado como una suerte de «pena anticipada».
De acuerdo con la investigación que Olguín y Palacio Fernández llevan adelante unos dos años, el papel que cumplió Becher en la supuesta asociación ilícita liderada por la exdiputada Anabela Lucero y su pareja, el diputado provincial Joaquín Beltrán, junto a otros cuatro exfuncionarios del anterior gobierno de Alberto Rodríguez Saá, no fue pequeño ni menos importante.
El hombre fue, según la acusación, un «partícipe necesario» en todo ese presunto entramado de corrupción montado y maquinado para hacerse de unos $900 millones en fondos públicos con la administración del Complejo Molino Fénix. Puesto que él era la persona que terminaba de sellar y asegurar el desapoderamiento real del dinero de las cuentas públicas.
Los fiscales explicaron, en su momento, que los fondos salían de las cuentas del Molino Fénix, bajo la excusa y la acreditación de que se trataban de gastos por servicios prestados al Estado, pero que, en realidad, eran «inexistentes».
Los pagos por esos servicios ficticios corrían a cargo del Estado y eran realizados mediante «transferencias o cheques endosados», repasaron los fiscales. Tales comprobantes de pago aparecían o simulaban estar a nombre de una empresa, pero eran “puenteados” con un endoso y siempre, de alguna forma, acababan en poder de una sola persona: Becher. El empresario era quien, además, se encargaba de cobrarlos, señaló Olguín. La fiscalía cuenta, en principio, con 24 cheques de esa naturaleza.
A pesar de que esos comprobantes eran firmados a nombre de diferentes empresas (una docena, entre compañías y personas físicas) quienes figuraban como propietarios de las mismas no tenían ni la más pálida idea de que sus nombres eran usados para hacerlos figurar como empresarios, ni mucho menos vinculados al Molino Fénix. Cuando los investigadores interrogaron a esas personas, muchas de las cuales ni siquiera tienen domicilio en Villa Mercedes, todas negaron haber negociado algo con el complejo de Villa Mercedes y dejaron en claro que nunca recibieron ni un peso en forma de cheques o transferencias al respecto.


