El Gobierno nacional anunció este miércoles un endurecimiento en la política migratoria al aplicar una serie de modificaciones en los requisitos necesarios para solicitar la residencia permanente y la ciudadanía. Además de arancelar los servicios de salud y educación para extranjeros.
La reforma migratoria se hará efectiva a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia en el Boletín Oficial, en los próximos días.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, especificó que cualquier inmigrante con condena será expulsado del país y que correrá el mismo destino aquel que mienta en la información para el ingreso.
Ante la mirada de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Adorni detalló: “De ahora en adelante, cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazo por las autoridades migratorias. Y quienes sean encontrados en flagrancia ingresando por pasos no habilitados serán inmediatamente expulsados”.
“La Argentina no será tierra fértil en el ingreso de los delincuentes. Además, todo aquel que sea condenado por cometer un delito será deportado sea el delito que sea y se van a acortar los plazos de los procesos de apelación para las expulsiones que hoy resultan eternos. El que las hace las paga”, sumó.
Salud y educación
Adorni detalló que los inmigrantes “ilegales, residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud” y que quienes ingresen al país tendrán que presentar “un seguro médico para garantizar esa capacidad de pago”.
Además dijo que las universidades nacionales estarán habilitadas a cobrar sus servicios “si así lo desean”.
Sin brindar mayores detalles de las modificaciones que saldrán a través de un decreto, el vocero prometió requisitos “más severos” para obtener la residencia permanente y la ciudadanía. “Solo se va a otorgar a quienes residan de forma continua durante dos años en el país sin abandonar el territorio nacional”, anticipó.
