El gobierno nacional denunció penalmente a Karina Andrade, la jueza que liberó rápidamente a los detenidos por los incidentes que se produjeron el miércoles 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso, durante la marcha de los jubilados.
El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, hizo la presentación contra Andrade por los delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado. Le adjudica esas figuras penales porque, según entiende el gobierno de Javier Milei, en la resolución en la que la magistrado dispuso la liberación de 114 detenidos no hizo un análisis adecuado de las pruebas ni de los antecedentes penales de los implicados.
La acusación sostiene que la jueza actuó de manera arbitraria e interfirió de forma indebida en un procedimiento de flagrancia, que es competencia exclusiva de la Fiscalía.
En lugar de seguir los procedimientos legales establecidos, Andrade decidió liberar a los detenidos a través de un grupo de mensajería instantánea, como WhatsApp, sin dejar un registro oficial ni dar intervención formal a la Fiscalía, señala la cartera de Seguridad Nacional en su presentación.
El Gobierno denunció a la jueza que liberó a los detenidos por los incidentes en el Congreso
El Ministerio de Seguridad hizo la presentación ante la Justicia contra Karina Andrade por prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.
