Es la que establece la competencia de la Justicia provincial en las causas por narcomenudeo. Citan estadísticas de otras provincias donde se aplicó. El procurador general no está de acuerdo.
Uno de los ocho proyectos de ley que el gobernador Claudio Poggi envió a la Legislatura es el de suspender por un año la aplicación de la ley de desfederalización parcial en materia de estupefacientes, que si bien está en vigencia todavía no fue implementada. Uno de los fundamentos mencionados en la iniciativa es que, según estadísticas citadas por el Poder Ejecutivo, las provincias que la aplicaron no lograron resultados positivos.
Se trata de la Ley N° V-1081- 2022, que modifica en forma parcial la competencia penal en materia de estupefacientes y establece que algunos casos de narcomenudeo recaigan en la Justicia provincial, ya que de otro modo todas las causas por drogas son competencia de la Justicial Federal.
La norma, que entró en vigencia el 1° de enero del año pasado, establece que los jueces provinciales intervendrán en los casos en los que se “comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor”. Hasta ahora, se han adherido al sistema las provincias de Buenos Aires (2005), Córdoba (2012), Salta (2014), Formosa (2015), Chaco (2016), Entre Ríos (2018), Santiago del Estero (2018) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2019).
“En San Luis nunca se aplicó, por lo que no tuvo efectos prácticos. El Gobernador apunta a su suspensión porque las estadísticas señalan que en las provincias que sí la han implementado, los resultados no han sido favorables por una falta de coordinación en las pesquisas, que no permitió sancionar a los grandes narcotraficantes”, señaló la Agencia de Noticias del gobierno.
Los fundamentos
“Los datos estadísticos brindados, entre otros, por la Procuración General de la Nación y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), muestran que en varias de las provincias referidas, aumentaron las causas por tenencia para consumo o tenencia simple y la comercialización en pequeñas dosis, a la vez que disminuyeron notablemente las causas federales por narcotráfico”, reza el proyecto de ley en sus fundamentos. Por eso “se infiere que se ha afectado de forma notoria la persecución penal de los ilícitos más graves previstos en la Ley de Estupefacientes”.
Consultado por Todo un país, el procurador general de la provincia, Luis Martínez, cuestionó la iniciativa. “Veo con preocupación que uno de los fundamentos del proyecto es la falta de coordinación con la competencia federal, que no había reglas claras y otras cuestiones que podían entorpecer la investigación de unos y otros. Eso es un error, porque la propia ley de desfederalización resuelve el tema de la compentencia”, afirmó.
“El artículo 3° de la ley de desfederalización establece que cuando la causa tuviera una conexidad subjetiva y/u objetiva con otra sustanciada en el fuero federal, la competencia es de la Justicia federal”, detalló. Y cuando se genere una contienda de competencia, la investigación quedará a cargo de la justicia federal, agregó.
“Aún más -indicó el jefe de los fiscales-, hicimos el convenio con la Procuración General de la Nación a través de la Procunar, para establecer la coordinación entre los dos fueros”.
El proyecto enviado por el Gobernador señala, además, que “en nuestra provincia, hasta el momento no se ha diagramado con claridad el circuito del procedimiento administrativo-policial- judicial de lucha contra el narcomenudeo, restando aún la debida conformación e integración de los organismos que deberán intervenir en la ejecución de las nuevas disposiciones, dentro de los distintos poderes”.
