Desde que asumió Javier Milei, 2,1 millones de hogares dejaron de recibir subsidios a la electricidad y casi 900.000 perdieron la asistencia al gas natural por redes, según datos oficiales. La cifra marca un punto de inflexión en la política energética argentina: la proporción de usuarios que pagan el costo pleno de la boleta creció y ya representa cerca de la mitad del universo total, dependiendo del servicio público que se considere.
El recorte acumulado durante la gestión equivale a más de US$5.600 millones. En términos del PBI, esas erogaciones cayeron desde niveles cercanos al 1,4% a alrededor del 0,6%, con el objetivo oficial de llegar al 0,5% en 2026.
Un padrón con irregularidades Parte del ajuste se sustentó en una auditoría del registro de beneficiarios. La Secretaría de Energía identificó 15.518 hogares en countries y barrios cerrados que recibían subsidios, 370.000 registros a nombre de personas fallecidas y 1,59 millones de hogares que reunían las condiciones para acceder a la asistencia pero nunca la habían solicitado. También se retiró la asistencia a comercios e industrias.
De tres niveles a dos: el nuevo esquema SEF
El sistema anterior, implementado en 2022, dividía a los usuarios en tres categorías según ingresos: N1 (altos, tarifa plena), N2 (bajos, mayor subsidio) y N3 (medios, asistencia parcial). A partir de este año, el Gobierno avanzó con un modelo más simple mediante los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF): hogares con subsidio y hogares sin subsidio, definidos a partir de cruces de datos de ingresos, patrimonio y consumo.
En ese esquema, la asistencia se concentra exclusivamente en los usuarios residenciales y se aplica sobre un bloque básico de consumo que varía según la estacionalidad. Por encima de ese umbral, la energía se paga a precio pleno.
El recorte impactó especialmente en los usuarios de ingresos medios, que bajo el esquema anterior accedían a subsidios parciales y que, en muchos casos, quedaron fuera del beneficio.
Las tarifas en números
Para un consumo residencial típico de gas en el AMBA de unos 711 metros cúbicos anuales, en marzo de 2026 se pagó $33.987 con subsidios y $39.309 sin subsidio a precios actuales.
En el caso de la electricidad, una factura promedio para un consumo de 250 kWh fue de $21.069 con subsidio y $46.488 sin subsidio.
Impacto inflacionario
En el primer trimestre de este año, las tarifas de electricidad y gas fueron el rubro de mayor incidencia en el aumento del costo de vida, con subas cercanas al 20%, más del doble de la inflación general del período. En conjunto, explicaron alrededor de dos puntos porcentuales del 9,1% de inflación acumulada en el AMBA.
Dos décadas de subsidios
Según estimó el economista Alejandro Einstoss, entre 2003 y 2023 el Estado destinó más de US$150.000 millones a sostener tarifas por debajo de los costos. El especialista definió ese período como dos décadas de «populismo energético».
El ex secretario de Energía Daniel Montamat resumió el cambio de época: se pasó de un modelo de subsidios amplios a uno más focalizado, aunque advirtió que siempre hay una zona gris entre quienes deberían recibir subsidios y quienes no, sobre todo en contextos de ingresos inestables.
