Por un solo voto no prosperó este miércoles en la Cámara de Diputados el desafuero de Joaquín Beltrán. La solicitud reunió 28 votos afirmativos, frente a los 29 que necesitaba para alcanzar la mayoría requerida. Nueve legisladores votaron en contra y otros seis estuvieron ausentes.
El resultado dejó expuesto el peso decisivo que tuvo el bloque identificado con Alberto Rodríguez Saá. Sus votos impidieron alcanzar el número necesario para quitarle la inmunidad de arresto a Beltrán, mientras la Justicia avanza sobre las responsabilidades de exfuncionarios y dirigentes vinculados a la anterior gestión provincial en la investigación por el presunto vaciamiento del Complejo Molino Fénix.
La discusión excedió, por eso, la situación individual del diputado. El debate puso nuevamente en primer plano la posición política adoptada por el albertismo frente a las investigaciones judiciales que alcanzan a dirigentes y exfuncionarios de su espacio. Beltrán es uno de los involucrados en la causa en la que también está imputada y detenida Anabela Lucero.
El miembro informante de la mayoría, Carlos Pereira, puso el acento precisamente en la dimensión institucional del episodio. Sostuvo que, cualquiera fuera el resultado de la votación, el tratamiento del desafuero marcaba un precedente en la historia política y constitucional de San Luis.
“Más allá de la suerte que corre esta votación, ya nada será lo mismo”, afirmó Pereira. Y vinculó el avance de la investigación con una “demanda de justicia que está instalada en la sociedad y particularmente en la comunidad de Villa Mercedes”.
Pereira también advirtió sobre el riesgo de que la decisión de la Cámara termine afectando la consideración pública de la institución. “Sí me preocupa que el resultado de esta jornada nos lleve a un desprestigio, porque la vara cada vez está más alta”, señaló, antes de reivindicar el principio constitucional de igualdad ante la ley.
Para fundamentar su posición recordó antecedentes históricos vinculados con las inmunidades parlamentarias y se detuvo especialmente en el caso del exgobernador cordobés Eduardo Angeloz, quien en 1996 pidió al Senado de la Nación su propio desafuero para someterse a la Justicia en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
La votación finalmente dejó una cifra difícil de soslayar: 28 votos. Faltó apenas uno. El albertismo consiguió impedir el desafuero de Beltrán, pero el legislador continuará bajo investigación en una causa que sigue avanzando sobre lo ocurrido en el Molino Fénix.
