Es ley la modificación del Código Procesal Penal Provincial que ahora penaliza a los adolescentes desde los 14 años

El proyecto de adecuación del Código Procesal Penal de la Provincia, impulsado por el gobernador Claudio Poggi, ya había sido aprobado el 26 de octubre por la Cámara de Diputados. Fija los procedimientos específicos que aplicar en los casos que jóvenes, de entre 14 y 18 años, violan la ley penal para garantizar sus derechos, la protección de las víctimas y la reintegración social.
17 de noviembre de 2026
El Senado de la Provincia aprobó el proyecto que ya tenía la media sanción de Diputados.

El nuevo régimen juvenil penal argentino, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años y entró en vigencia en el país el 5 de septiembre, acaba de ser adaptado al Código Procesal Penal provincial. Este martes, la Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto de adecuación de dicho régimen, una iniciativa que fue impulsada por el gobernador Claudio Poggi y que modifica no solo el Código Procesal Penal de San Luis, sino también la Ley Orgánica de la Administración de Justicia para ajustar los procedimientos judiciales previstos en la Ley Nacional 27.801 a la legislación de la provincia. La propuesta que ahora es norma, revisada por la Comisión de Asuntos Constitucionales, intenta lograr un proceso especializado y socioeducativo que garantice los derechos constitucionales y convencionales de los adolescentes.

Más allá del reajuste a la edad de imputabilidad de adolescentes de entre 14 y 18 años, la nueva normativa suma garantías procesales, medidas alternativas a la privación de la libertad y mecanismos que apuntan a que los jóvenes asuman la responsabilidad por los delitos en los que incurren, busquen una reparación por el daño causado y logren la reintegración social.

Entre los objetivos de la flamante legislación está el de marcar una clara diferenciación entre el proceso penal y el sistema de protección integral de los derechos, para evitar que la vulnerabilidad social derive en una respuesta punitiva, destacó el senador Martín Olivero. En ese punto, remarcó que la normativa tiene como base los principios de especialidad, proporcionalidad y mínima intervención, en los que la privación de la libertad será contemplada solo como una medida excepcional, de última instancia y no de aplicación inmediata ante la comisión de cualquier delito.

Entre los tantos aspectos que trata, vela por la protección de niños, niñas y adolescentes en las declaraciones que dan en las audiencias de Cámara Gesell. Por eso regula el uso de esa herramienta judicial, con la intervención de profesionales especializados que aseguren, en verdad, un abordaje adecuado a la edad de los chicos y eviten así hacerlos pasar por el calvario de la revictimización mientras brindas sus relatos, a medida que avanzan las preguntas de los psicólogos y psiquiatras.

También incorpora medidas especiales para aquellas víctimas mayores de edad que atraviesan situaciones o momentos de vulnerabilidad. Para ello prevé una evaluación técnica previa, con la cual averiguar si existe la necesidad de adoptar determinadas modalidades de declaración cuando esté latente la posibilidad de provocar un daño psicofísico.

Tiene en cuenta, además, la aplicación de otras herramientas como la mediación penal juvenil, el criterio de oportunidad, la suspensión del proceso a prueba, el llamado juicio abreviado y la disposición de medidas morigeradas que sustituyan la detención, tales como la amonestación, la prestación de servicios a la comunidad, el monitoreo electrónico y reparar de manera integral el daño causado a la víctima.

Para los casos más severos, en los que no haya otra alternativa al encierro, los adolescentes deberán permanecer en establecimientos especializados, apartados de los adultos y siempre con la supervisión de personal idóneo. Aparte, las medidas deberán ser proporcionales, revisables y ser adoptadas en el menor tiempo necesario, para que la continuidad educativa y la reintegración de los chicos a la sociedad no corran nunca peligro.

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