Más de once años. Unas 30 marchas y manifestaciones en las calles reclamando algo que nadie debería exigirle al Poder Judicial si funcionara como corresponde: justicia. Innumerables viajes a lo largo y ancho del país de parte de una familia de Villa Mercedes en búsqueda de uno de sus miembros, desaparecido en democracia.
Incontables páginas de expedientes con evidencia plasmada por escrito de resultados de allanamientos, pericias telefónicas, de ADN, autopsia psicológica, declaraciones de testigos y otras evidencias que llevaron años hallar, recolectar, analizar para dibujar el esquema de cómo operaba la banda de delincuentes que se encargó de hacer desaparecer a Abel “Pochi” Ortiz.
Vasta cantidad de audiencias, presentaciones de recursos, procesamientos, dictados de prisiones preventivas, para que luego una Cámara Penal tirara de un plumazo la teoría que los fiscales Néstor Lucero y Leandro Estrada mantuvieron y creen firmemente que explica por qué desde el 16 de septiembre de 2014 nadie volvió a ver al joven de 29 años. Y, de nuevo, reabrir la investigación porque Abel no se fue, a él algo le hicieron, lo hicieron desaparecer.
Esa es la investigación formal, la que hizo la fiscalía. Pero los familiares de “Pochi” llevaron también la suya. Sus hermanos hablaron con personas que les aportaron datos que robustecían y daban más forma y peso a la teoría de que los responsables de la desaparición eran los mismos a los que habían arribado los fiscales: la expareja de Abel, la peluquera María Alejandra Espinosa, su antiguo amante el excomisario Marcelo Cecilio Acevedo y la amiga de la mujer, María Vázquez. Reunieron pistas y ataron cabos que explicaban que esas tres personas y otras que, de alguna forma, le tendieron una mano de complicidad formaron esa banda delictiva.
El problema es que muchos de esos datos no constan en la investigación fiscal. No fueron incorporados. Tal vez son las pruebas que hacen falta sumar al expediente para que la teoría termine de encajar en la lógica de algún tribunal, para no volver a caer en esa rueda que no lleva a ningún lado. Esa rueda de seguir adelante la investigación con los mismos elementos de siempre para que, luego, inexorablemente, otros jueces la desestimen y echen por tierra el trabajo de un par de fiscales y, sobre todo, la esperanza de una familia que ni siquiera sabe dónde está uno de sus miembros.
Después de tantos años, luchas y penurias, los Ortiz llegaron a esa instancia que durante 11 años distintos abogados, que defendieron a los sospechosos de siempre, afirmaron que la causa jamás arribaría: la de juicio. Este miércoles, después de una maratónica audiencia de cinco horas de escuchar cómo los representantes del Ministerio Público Fiscal avalaban su hipótesis y cómo los tres defensores la desacreditaban, el tribunal dio a conocer su fallo. Amén de las casi tres horas que se tomaron los jueces Sandra Ehrlich, María Eugenia Zabala Chacur y José Luis Flores para deliberar.
La familia Ortiz y también una sociedad sintieron que otra vez la justicia, la del Poder Judicial de la Provincia, le daba la espalda con su veredicto: absolvieron del delito de “asociación ilícita” a Espinosa, Acevedo y Vázquez.
Ya cuando el secretario del tribunal, Héctor Lazzari, leyó que dos de los jueces, justamente los que no presenciaron en persona casi ninguna de las audiencias y ni siquiera son de Villa Mercedes, Chacur y Flores, votaron por la negativa respecto a la existencia del delito, los fiscales se quedaron inmóviles. Leandro Estrada giraba sobre el escritorio de la sala, donde estuvo sentado las últimas semanas, el estuche de sus anteojos, como si ya nada pudiese hacer. Bautista Rivadera, el abogado de los Ortiz, bajó la cabeza, probablemente con la misma sensación de desasosiego. Lucero se quedó mirando el frente, casi sin parpadear, seguro también cansado de ver cómo otra vez sus intentos no convencieron a un tribunal.
La defensora oficinal, Rocío Mediavilla, echó su espalda para atrás sobre el respaldar de la silla giratoria en la que estaba sentada y sonrío, como si gozara el momento. Era la única de los defensores que no fue pagada por los acusados, sino que tiene un sueldo fijo allí, en el edificio del “debido proceso” y la “justicia”. Los otros dos, Pascual Celdrán y Valentín Rivadera, se mantuvieron serios, sabían que era una muy buena noticia para ellos el fallo que leía Lazzari; pero también entendían que atrás había una familia entera presa del dolor, el desamparo judicial y la angustia latente de una pregunta sin respuesta, que se ha vuelto eterna: ¿dónde está Abel Ortiz?
“Al menos digan dónde está el cuerpo”, alcanzó a decir una de las hermanas del joven desaparecido cuando el secretario terminó de leer el fallo y retiraban a los ahora absueltos Espinosa, Vázquez y Acevedo, por una puerta trasera, para que no se cruzaran con una familia devastada. Llantos y gritos que salían de lo más profundo de su ser. La escena era indescriptible. Los hermanos se fueron convencidos de la sala que la justicia del hombre es una mentira, una burla para la sociedad a la que deberían responder y le dijeron a viva voz a la única jueza presente de qué sirve el trabajo policial, si al final los jueces absuelven y liberan a los delincuentes.
Los otros dos, Chacur y Flores, no supieron ni oyeron nada sobre el desgarro, las emociones a flor de piel, el dolor sin consuelo de los Ortiz, en fin, el escándalo que desataron en los tribunales de otra circunscripción judicial. Ellos estaban cómodamente a 90 kilómetros, en San Luis, tal como presidieron casi todo el debate oral a través de videollamadas porque, según explicó Flores, no contaban con los medios para pagar un viaje de San Luis a Villa Mercedes. Honestamente, un viaje en remis desde el sureste villamercedino a la terminal de ómnibus, es decir de un extremo a otro de la ciudad, cuesta mucho más caro que uno en un micro de la capital puntana a la ciudad de la Segunda Circunscripción Judicial.
Pasaron más de 11 años, sí. Y los Ortiz no tienen la justicia por la que tanto hicieron y reclamaron todos estos años. El papá de Abel, Don Roque, se fue de este mundo sin saber dónde estaba su hijo. Muchos que acompañaron a esa familia en el reclamo murieron sin saber dónde está “Pochi”, qué hicieron con él. Tal vez consiguieron hacer desaparecer físicamente al joven, pero nunca lograron matarlo del todo; Abel vive y está presente en el corazón y la mente de toda una sociedad que este miércoles no dejó de repetir que la Justicia es «un chiste», «una vergüenza» y que, en lugar, de inclinar la balanza para el lado correcto, lo hicieron para el lado de la impunidad.
No maten al mensajero, solo reproduzco lo que oí de parte de personas que no son parientes ni allegados a los Ortiz, pero sí forman parte de una sociedad que también se sintió vulnerada y no concuerda para nada con el esperado fallo que se hizo desear más de una década.
