Extienden la inhibición de bienes del exministro Nicolás Anzulovich por presunto enriquecimiento ilícito

También prorrogaron la prohibición de salir de la provincia y la obligación de firmar cada mes el libro de imputados. Continúa la pesquisa sobre su patrimonio.
22 de noviembre de 2026
Anzulovich, abrazado por Rodríguez Saá durante su asunción como ministro de Desarrollo Social.

El juez de Garantía N° 3 de San Luis, Marcos Flores Leyes, prorrogó por seis meses la Investigación Penal Preparatoria, por presunto enriquecimiento ilícito, contra el ex ministro de Desarrollo Social durante la gestión del gobernador Alberto Rodríguez Saá, Nicolás Anzulovich.

La resolución del magistrado obedeció a un pedido de la Fiscalía de Instrucción N° 1. El magistrado también extendió, por el mismo plazo, las medidas de coerción contra el exfuncionario: la inhibición general de sus bienes, la obligación de firmar el libro de imputados y la prohibición de salir del territorio provincial.

Para disponer las medidas, el juez Flores Leyes valoró el informe presentado por el fiscal Francisco Assat, sobre la evidencia reunida en los primeros seis meses de pesquisa.

En una audiencia realizada este viernes 20 de noviemnre, el titular del Fiscalía N° 1 explicó que durante ese período reunieron numerosa evidencia documental y pericial: informes sobre haberes de la función pública, información bancaria y fiscal, registros de vehículos de alta gama y de inmuebles, y una extensa investigación sobre personas jurídicas vinculadas al imputado, que Assat describió como “la actividad más ardua” de la etapa.

Para fundamentar el pedido de prórroga, el fiscal detalló las medidas que aún están pendientes: el rastreo bancario de un cheque librado por una sociedad para pagar un terreno, una pericia de tasación de los inmuebles en los que el imputado habría intervenido como comprador o vendedor, y una ampliación de la pericia contable para actualizar valores por IPC e incorporar los movimientos en moneda extranjera. Según planteó, esto es clave para determinar el monto del presunto aumento patrimonial no justificado, y varias de esas respuestas dependen de organismos externos a la Fiscalía.

“Estimamos que dentro de estos seis meses vamos a estar en condiciones de concluir con estos elementos probatorios y solicitar la elevación a juicio. Asimismo, entiendo que las medidas de coerción personal que limitan transitoriamente la libertad del imputado deben continuar, teniendo en cuenta que las viene cumpliendo y han sido eficaces para neutralizar los riesgos procesales”, sostuvo el fiscal.

El representante de Fiscalía de Estado, Juan Ignacio Trusendi, adhirió a lo expresado por la Fiscalía. “Creemos que esta investigación, que es tan compleja y que reúne no solamente el patrimonio del señor Anzulovich, sino también las conexiones diversas que puede llegar a darse a través de sociedades, de empresas o de terceras personas. Por eso es necesaria esta prórroga, teniendo en cuenta que ha sido catalogada como compleja”, dijo el funcionario.

En oposición al pedido de la Fiscalía y la querella, el abogado defensor, Cristóbal Ibáñez, calificó como “excesivo” el plazo de seis meses solicitado. Pidió al juez que lo rechazara y, si no hacía lugar a su pedido, que el plazo no superara los 120 días.

Además, el defensor pidió rechazar la prohibición de salir de la provincia, por considerarla excesiva para una persona que trabaja en el Poder Judicial y que debería pedir autorización para cada viaje, más aún a las puertas del receso de enero.

Propuso reemplazarla por una prohibición de salida del país. También solicitó rechazar la inhibición general de bienes, por entender que no están acreditados la verosimilitud del derecho ni el peligro en la demora, en una investigación que, a su criterio, está casi terminada.
El juez valoró la complejidad de la investigación. Por eso consideró necesaria la prórroga de esta etapa del proceso.

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