Mario Canali, exintendente de Cortaderas investigado por presunto fraude al Estado provincial mediante la contratación ficticia de obra pública, desistió del acuerdo de juicio abreviado que había firmado. Su cambio de decisión se dio en la causa en la que está imputado junto a otros cuatro exfuncionarios durante la gestión del exgobernador Alberto Rodríguez Saá: los exministros de Seguridad Luciano Anastasi y Claudio Latini, el exintendente de La Toma y actual diputado nacional Ernesto Nader ‘Pipi’ Alí y exintendente de San Francisco, Jeremías Adrián Vivas.
En una audiencia en los tribunales de San Luis, este jueves 12 de noviembre, Canali sostuvo que desconocía las consecuencias de firmar el acuerdo y negó haber cometido los delitos que le atribuyen.
Estaba previsto que ese día el Ministerio Público Fiscal (MPF) presentara el acuerdo de juicio abreviado ante la jueza de Garantía Nº 4, Luciana Banó, con el objetivo de concluir el proceso penal respecto de Canali, mientras que la causa continuaría para los otros cuatro imputados. Esta posibilidad quedó sin efecto luego de que el exintendente, con la intervención de un nuevo abogado defensor, manifestara su decisión de no ratificar el acuerdo.
En la audiencia intervinieron la fiscal de Instrucción en lo Penal Nº 6, Linda Maluf, y la fiscal adjunta Roxana Alcaraz. Por la Fiscalía de Estado participó el abogado Santiago Calderón Salomón, mientras que la defensa de Canali estuvo a cargo del abogado Iván Cali Velazco, quien asumió el jueves la representación del imputado.
Al inicio de la audiencia, Cali Velazco cuestionó las condiciones en las que había sido firmado el acuerdo. Sostuvo que Canali no había recibido información suficiente por parte de su anterior defensa sobre las consecuencias jurídicas del procedimiento, que implicaba reconocer su responsabilidad penal por los delitos investigados.
Canali sostuvo que, cuando le propusieron el juicio abreviado, uno de los aspectos que más le interesaba era recuperar la posibilidad de salir de la provincia para visitar a su familia. Según relató, desconocía que esa restricción ya no estaba vigente. “Usted puede salir de la provincia”, le corroboró la jueza.
El imputado también manifestó que firmó el acuerdo sin comprender que implicaba asumir la responsabilidad por los delitos que le atribuyen.
La investigación de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 6 se centra en presuntas irregularidades en convenios celebrados entre el Ministerio de Seguridad, durante las gestiones de Anastasi y Latini, y distintos municipios para la refacción de comisarías, cuarteles de bomberos y otras dependencias policiales. Según la hipótesis del MPF, los fondos fueron extraídos de las arcas del Estado provincial, pero las obras nunca se realizaron.
