¿Quién no soñó con hallar un maletín, un bolso o lo que fuera cargado de millones y millones de pesos? Algo así, pero no tal cual le sucedió a Verónica Acosta. El 6 de mayo de 2025 en su cuenta bancaria, la que tiene o tenía solo para recibir de parte del Estado la cuota alimentaria, no vio la cantidad correspondiente al pago de ese beneficio, sino mucho más. Nunca había visto tantos ceros en la pantalla de un cajero o en la de su celular. Había allí 510.236.811,78 de pesos. Tal vez no entró en debates éticos, ni mucho menos legales, de si debía usarlos o no, quién sabe. Lo que sí es cierto es que empezó a utilizar esos millones, comprando y haciendo transferencias maratónicas.
Eso sostiene la investigación iniciada por la exfiscal de Villa Mercedes, Daniela Torres, y que ahora está en manos de la fiscalía de instrucción 3, a cargo de José Olguín. El año pasado nomás, imputaron a seis personas, incluidas Acosta. Esta semana alargaron esa lista con otros tres sospechosos, familiares de los anteriores sindicados: Marcelo Gil, Martín Gil y Abril Castro. A todos les pesa la acusación por “defraudación especializada por el uso de tarjeta de crédito y por ser contra la administración pública”.
Tras oír la formulación de cargos, los abogados defensores, Hernán Echevarría y Cecilia Gómez Olguín, se opusieron a las nuevas imputaciones y pidieron el archivo de todo. Argumentaron que hay una falta de tipicidad en el delito endilgado y cuestiones “relativas a la falta de notificación”, informaron los voceros del Poder Judicial. El letrado insistió en la posibilidad de terminar con la causa mediante una vía alternativa, es decir, seguir con los trámites para concretar un acuerdo de reparación. Todo Un País se comunicó con Echevarría para consultarle sobre el caso, pero evadió el tema y no quiso hablar al respecto.
De todas maneras, pese a los intentos de esos letrados, la jueza de Garantías 3, Natalia Pereyra Cardini, rechazó la oposición y el archivo requerido y dio por formulados los cargos contra los dos nuevos Gil y Castro.
Millonaria de la nada
El error en la transferencia de fondos fue detectado al día siguiente por el Tesorero General de la Provincia, Walter Valenzuela. Cuando lo hizo, sin perder el tiempo, se comunicó con el Banco Nación y solicitó el bloqueo de la cuenta bancaria de la beneficiaria. “Se realizó un reverso por 465.690.542 de pesos, quedando como liquidez o remanente la suma de 44.546.269 de pesos, de la que habría dispuesto la titular de la cuenta”, explicó la exfiscal Torres, en su momento.
A partir de las averiguaciones hechas esa semana, surgió que Acosta efectuó transferencias a otras cuentas propias, creadas exclusivamente para ello, a los otros imputados y hasta personas de otras provincias. También hizo compras, pagos de impuestos, entre otros movimientos. De esa forma, en solo diez minutos, contabilizó 12 giros de dinero y en 24 horas más de 60 operaciones. Todo fue hecho a través de dispositivos electrónicos y billeteras virtuales. Torres recordó, por otro lado, que los movimientos en las cuentas judiciales no pueden superar la suma de medio millón de pesos.
Fue una “maniobra delictual con un plan previo de vaciar la cuenta para beneficiarse”, remarcó la exfuncionaria. Todo lo cual quedó a la vista en las sucesivas operaciones. Señaló que fue un accionar ilegítimo que perjudicó a la comunidad y al flujo bancario. “Este dinero es parte de la sociedad sanluiseña”, subrayó y agregó que Acosta y compañía dañaron el patrimonio de la sociedad de la provincia.
Mencionó que los policias llevaron adelante allanamientos. En esas requisas incautaron distintos elementos que podrían estar vinculados a la estafa, como un auto, una moto, electrodomésticos, materiales para la construcción (cerámicos, pegamentos, entre otros), accesorios de baño, un colchón, etcétera.
