L a primera audiencia pública por un nuevo plan de ordenamiento territorial en Villa de Merlo dejó un núcleo de coincidencias básicas entre especialistas universitarios, ambientalistas, actores sociales, dirigentes y vecinos que pudieron expresar su voz. En principio, emergieron cuatro patrones evidentes:
1. El diagnóstico que hizo la consultora cordobesa Estudio Estrategias —contratada por el Municipio para elaborar su plan de ordenamiento territorial— debe ser reabierto, según las observaciones de docentes e investigadores de la Universidad Nacional de los Comechingones y la Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis.
2. También fueron repetidas las críticas hacia los documentos elaborados por esa consultora, integrada por los arquitectos Celina Caporossi, Fernando Díaz Terreno y Marcelo Corti, según su página oficial. La principal objeción apuntó a la “mirada de escritorio” y a la falta de barrido de información en el territorio.
3. Otra coincidencia básica fue la falta de participación en el desarrollo de un plan de esta magnitud, que recién ahora se discute en dos audiencias públicas maratónicas en el Concejo Deliberante, donde el oficialismo cuenta con una mayoría abrumadora. En el recinto, docentes y académicos propusieron corregir esa situación con talleres participativos en distintas zonas merlinas.
4. Durante las más de cinco horas de presentaciones, la sala volvió una y otra vez al mismo punto: sin mediciones y estudios actualizados sobre capacidad hídrica y saneamiento, hablar de densidades y expansión urbana es discutir a ciegas.
El fallo Mercau
Pero el condicionante jurídico también se metió en el debate. El diputado provincial Bruno Mini, hasta el año pasado jefe de gabinete municipal, planteó que el “Fallo Mercau”, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en contra de la Municipalidad merlina, es un cambio de paradigma que impone límites a las prohibiciones absolutas de uso del suelo y abre la puerta a indemnizaciones. Su exposición se cruzó con gritos desde el público: “dejá de meter miedo”, “nos entregaste” y “vos sos asesor de Mercau”, voces que el oficialismo atribuyó a la ex diputada provincial de la UCR Titina Nicoletti, hoy enfrentada al oficialismo local.
Según la interpretación que expuso Mini en la audiencia, el fallo de la Corte sostiene que, si bien el Municipio tiene potestad para restringir el uso del suelo por razones ambientales, la prohibición total del uso de la propiedad privada equivale a una confiscación. Es decir, en este caso debe indemnizar a los propietarios afectados (la familia Mercau, dueña de unas 190 hectáreas en las sierras) o bien avanzar con expropiaciones.
“Este fallo cambia las reglas del juego y los concejales son los que ahora van a tener que trabajar en una redacción definitiva. Entender la implicancia del caso es fundamental porque puede determinar que salga una norma eficaz o una norma obsoleta”, advirtió el diputado provincial de la UCR.
Consultora vs. universidades
Pero siempre sobrevolaron en la jornada —que empezó a las 10 y cerró cerca de las 17.30, con un intermedio de casi dos horas al momento del almuerzo — las críticas a la contratación de una consultora privada decidida por el intendente Juan Álvarez Pinto, hoy de licencia por su cargo de ministro de Turismo de la Provincia.
Esa contratación, dijeron en el recinto distintos oradores, constituyó un desaire a las universidades locales, aunque en la tarde Álvarez Pinto, número 20 en la lista de expositores, defendió a la consultora y dijo que tomó la “decisión política” de contratarla porque no estaba impregnada “de cuestiones políticas e históricas”. Es decir, le aseguraba una mirada “objetiva”.
El trabajo de Estudio Estrategias —cuyo costo integral todavía no fue difundido por fuentes oficiaes— arrojó tres documentos de base con los que trabaja el Concejo Deliberante: un diagnóstico general, un modelo deseado de ciudad y una propuesta de código urbanístico.
Del lado universitario, el planteo fue el opuesto: la escala del estudio exigía universidades adentro desde el principio. Mónica Cresmani (FTU–UNSL), primero, pidió reabrir el diagnóstico con participación real y alertó sobre urbanización en zonas de riesgo hídrico. Luego Facundo Martins Meira (UNLC) insistió con un enfoque de riesgo integral (incendios de interfase, evaluación de paleocauces y de riesgo sísmico) y advirtió sobre el método: primero debe cerrarse un diagnóstico consensuado, y solo después pueden venir el plan y la legislación.
Un día antes, en una entrevista en FM Alternativa, el ex concejal Gastón Fonseca había reclamado lo mismo: “Se está discutiendo una proyección de Merlo de acá al 2050 y se trabajó con una consultora que debió tener más trabajo territorial”, dijo En el mismo carril crítico, Mario Nicoletti (de la organización no gubernamental ambientalista Juvennat) cuestionó el andamiaje legalambiental del proyecto y reclamó una mesa técnica interdisciplinaria con universidades locales y organismos ambientales.
El agua, la clave
Uno de los factores acaso más sensibles del debate es la falta de agua, que pasa a ser el árbitro final de toda discusión. Máximo Aranda, un joven que participó con mucho entusiasmo y aclaró su prescindencia de las peleas políticas, advirtió sobre los límites del crecimiento urbano, porque la provisión de agua depende del clima y de perforaciones que demandan mucha energía y mantenimiento. Por eso, dijo, si el sistema está al límite, el debate no pasa por saber si habrá agua sino por “cuánta agua segura hay y cuál es el límite de crecimiento sin romper el sistema”.
Pablo Magnago, representante de la Cooperativa de Agua, reforzó la advertencia: hablar de expansión urbana sin medir la capacidad hídrica disponible sería, por lo menos, una imprudencia. Es decir, en Merlo, el agua no es solo un servicio sino el límite material del desarrollo.
Ahora la segunda jornada de la Audiencia Pública está programada para el viernes 6 de marzo, donde se espera la exposición de 25 oradores —serán 48 en total — para continuar con el debate de un plan que, en palabras de los asistentes, “puede afectar el futuro de las próximas generaciones” si no se construye con consenso y evidencia científica actual.
Álvarez Pinto fue a la audiencia y dejó una propuesta de expropiaciones
En su intervención durante la primera audiencia pública, el intendente en licencia Juan Álvarez Pinto —ministro de Turismo del gobierno provincial — propuso la declaración de utilidad pública y la expropiación de las tierras que están por encima de los 1.100 metros, bajo el eslogan “las sierras no se tocan”. Para financiar esas expropiaciones, propuso la creación de un “Fondo de Desarrollo”, que quiere conformar en esencia con las llamadas “plusvalías urbanas”, un mecanismo que permite al Estado influir en el precio de tierras o propiedades a través de decisiones públicas o normativas. Esas decisiones, que hacen subir el valor inmobiliario, permitirían recaudar una parte de las ganancias.
Hasta ahora, la protección ambiental estaba fijada en la llamada Cota 1000 (mil metros de altura sobre el nivel del mar), reforzada por el Parque Presidente Perón. Pero la nueva propuesta oficial sugiere desplazar la zona de uso público y expropiación hacia la Cota 1100.
Esta diferencia de 100 metros verticales es vista por investigadores como Mariana Ripoll (UNSL) como un “engaño”, lo que supone un trasfondo político: al subir la vara de la expropiación a la 1100, el Municipio podría “solucionar” el conflicto del Fallo Mercau, al habilitar desarrollos inmobiliarios entre la 1000 y la 1100.
“Si hay un problema con esta sentencia, todos lo podemos entender, charlémoslo, que se haga pública cuál es la decisión que se va a tomar con respecto a eso. Pero no nos engañen”, dijo Ripoll.
Entre las presiones y el colapso
La Villa de Merlo está en un momento crucial: el pueblo que alguna vez fue el refugio idílico del “tercer microclima del mundo”, ahora cruje bajo el peso de un crecimiento exponencial que desbordó las previsiones de hace 25 años. El Código Urbanístico vigente desde el 2000 (la famosa ordenanza 744) es hoy casi letra muerta, atravesado por un laberinto de excepciones y parches que no logran contener ni la presión inmobiliaria ni el agotamiento del agua ni el colapso de la infraestructura y los servicios públicos.
Un resumen para un tema complejo
La primera jornada de la Audiencia Pública para el tratamiento del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial en Villa de Merlo muestra una tensión crítica entre la necesidad de modernización normativa y la preservación de la identidad ambiental y social de la villa. El proyecto, impulsado por el Ejecutivo municipal y elaborado con asistencia de la consultora externa Estudio Estrategias, es un intento por desplazar la Ordenanza 744 (vigente desde el 2000) para ordenar una supuesta “cultura de la excepción” urbanística y establecer reglas claras para el crecimiento.
