Guadalupe Lucero desapareció el 14 de junio de 2021. Al principio pareció moverse cielo y tierra en San Luis para hallarla. La buscaron hasta con la tierra cubierta por una intensa nevada que cayó ese otoño. Pero nada. En cuestión de semanas la causa pasó de la Justicia de San Luis a la Justicia Federal. Pues, aunque no lo dijeran, la posibilidad de un posible caso de trata de personas estaba presente. Ese año llegó a su fin y nada. Transcurrió todo 2022 y, de igual forma, nada. Pasaron también los calendarios del 2023, el 2024 y el 2025 sin una pista sobre la nena que hoy tendría 10 años.
Esta semana, a un mes y medio de cumplirse otro año de su desaparición, saltó a la luz un dato que la justicia ordinaria no había dejado trascender y del que ni siquiera la madre de la chiquita estaba al tanto: Roque Lucero, el abuelo paterno de la criatura, fue imputado por abusar de una niña con discapacidad y, como si fuera poco, es investigado por haber hecho lo mismo con un nene. Apenas la familia materna de la pequeña lo supo, se presentó en la fiscalía que lo imputó por la agresión sexual y exigió respuestas.
Yamila Cialone, mamá de Guadalupe; Silvia Domínguez, abuela materna, y un tío de la niña fueron hasta los tribunales de San Luis. Se quejaron por no haber sido informados sobre las causas por abusos sexuales y cuestionaron la falta de comunicación y articulación con el fuero federal. No era para menos. Lucero fue denunciado en noviembre de 2024 e imputado por “abuso sexual gravemente ultrajante” hace unos días, el 20 de abril. Sin embargo, los parientes se anoticiaron de todo a través de los medios de comunicación, sostuvieron.
De acuerdo con la escasa información que se filtró al respecto, la agresión ocurrió en la casa de la chiquita con discapacidad. La prueba que catapultó la imputación que pesa ahora sobre el hombre fue lo que ella relató en Cámara Gesell, donde confirmó haber sido abusada por Lucero. La calificación gravemente ultrajante significa que no se trató de un manoseo, pero tampoco de una violación, sino que fue un abuso lo suficientemente grave como para dejar una marca indeleble en la psiquis de su víctima.
El abuelo de Guadalupe podría sumar otro delito de la misma naturaleza si el niño, presunto damnificado de una denuncia más reciente, confirma que también fue abusado por él. La realización de esa Cámara Gesell ya está en trámite.
Así y todo, Lucero es libre. Tras la imputación, la Justicia de San Luis solo le impuso algunas restricciones procesales. Tales como la prohibición de salir de la provincia y la obligación de firmar del 1° al día 10 de cada mes un libro en fiscalía, para dar cuenta así que está sujeto al proceso penal.
Soledad Poma de Otaegui, abogada de la mamá de Guadalupe y de las familias de los chicos que habrían sido abusados, comentó que fue difícil llevar adelante la causa por la que fue novedad el abuelo de la nena desaparecida. “Pusimos una medida cautelar de prohibición de acercamiento y se mudó de domicilio”, reveló.
Aclaró que, si bien no lo acusan por lo su nieta, sin dudas este nuevo giro amerita que la Justicia Federal averigüe si tuvo que ver con lo que le pasó a la niña. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando un menor de edad desaparece lo primero que hacen es investigar a su círculo íntimo, su familia, e indagar si alguno tiene un antecedente o indicio que lo vincule a delitos sexuales hacia chicos.
“Él no estaba siendo investigado por la Justicia por Guadalupe, pero esto deja muchas dudas. La familia está totalmente desconcertada porque no entiende por qué se lo dejó a un costado al ser un caso de trata de menores”, manifestó la letrada. Por eso mañana, los familiares de la nena irán hasta la fiscalía federal para solicitar que el abuelo paterno sea investigado formalmente. “Queremos ver qué podemos lograr con este nuevo dato. No vamos a dejarlo al pasar”, expresó y recordó: “Pedimos que cualquiera que pueda aportar datos en la causa se acerque. No nos olvidamos de Guadalupe Lucero”.
