A poco más de dos semanas de que el ex «super ministro» del primer gobierno de Alberto Rodríguez Saá fuera imputado por asociación ilícita y administración fraudulenta, junto a Miguel García Montani, contador de El Relincho S.A.; Sofía Aguilera, secretaria y persona de estrecha confianza de la familia; y al actual intendente de Fortuna, Diego “Fito” Lucero, los abogados de los cuatro reaccionaron con la apelación de la formulación de cargos ante un Tribunal de Impugnación. Pascual Celdrán, defensor de Freixes, Aguilera y Montani, solo le hizo frente a la imputación por asociación ilícita.
Argumentó que la fiscalía no logró demostrar que existió tal delito y tampoco que hubo un perjuicio económico al Estado Provincial, en un «no aclares que oscurece» refirió que, en todo caso, si existió un perjudicado ese sería el pueblo Ranquel. Valentín Rivadera, el representante de Lucero, en cambio, fue por todo y señaló que no hay pruebas de ninguno de los delitos endilgados. Los fiscales instructores de Villa Mercedes, Maximiliano Bazla Cassina y Nayla Cabrera Muñoz, explicaron que tanto la asociación delictiva como la administración fraudulenta están acreditadas y a la vista a través de los informes contables y transacciones de dinero sin justificar, operatorias desplegadas por los imputados durante tres años, es decir entre el abril de 2020 y diciembre de 2023, cuando Freixes intervenía en la administración de asuntos agropecuarios.
Celdrán, por estos días protagonista de un escándalo que dejó a muchos con la boca abierta en Villa Mercedes (trascendió que lo denunciaron por una estafa de casi 600 millones de pesos en la venta de 18 autos, que incluye una montaña de cheques sin fondo), aseveró que el Ministerio Público Fiscal (MPF) no explicó claramente cuál fue la conducta y el papel que asumieron cada uno de sus clientes en la asociación ilícita.
Rivadera hizo suyas las palabras de su mentor Celdrán y le requirió al tribunal rechazar las imputaciones contra Lucero. Afirmó, al igual que su predecesor, que la fiscalía no pudo probar la participación de su defendido en la administración fraudulenta y la asociación ilícita. Remarcó que con los elementos probatorios que sostienen las imputaciones no es factible reprocharle dichos delitos porque no llega ni ha configurarse el mínimo de sospecha que requiere este estadio del proceso penal.
Bazla Cassina repasó nuevamente lo que, según la evidencia reunida, prueba la participación que tuvo Freixes y compañía en la asociación delictiva en cuestión, así cómo el rol que asumió cada uno para obtener un beneficio económico. Aseguró que operaron de esa manera tres años con roles específicos para la comisión de delitos y mencionó que muchos de los pagos que manejaron los ejecutaron sin el respaldo de los documentos correspondientes.
Cabrera Muñoz precisó los informes de los análisis contables y subrayó que los acusados intervinieron en transacciones de dinero sin la debida justificación.
Ahora el tribunal, compuesto por los jueces María Monserrath Bocca Hernán Herrera, y Marcelo Bustamante Marone, pasó a deliberar y en las próximas dos semanas podría comunicar si hace lugar a lo planteado por los defensores o si confirma los imputaciones contra el hombre de Alberto Rodríguez Saá, Montani, Aguilera y Lucero.
