Los abogados Esteban Bustos y Adriel Cabello, defensores de la exlegisladora Anabela Lucero, fueron denunciados ante el Colegio de Abogados y Procuradores por una presunta violación de las normas de seguridad del Servicio Penitenciario Provincial.
La presentación fue realizada por la jefa del Servicio Penitenciario, Karina Mantelli, y está acompañada por un informe oficial y registros de las cámaras de seguridad de la Cárcel de Mujeres.
Según consta en la denuncia, el episodio ocurrió el 16 de septiembre, durante una visita legal a Lucero, quien permanece detenida en el Servicio Penitenciario Provincial Nº1 desde el 24 de agosto.
De acuerdo con la presentación, las imágenes registraron el momento en que los abogados habrían entregado un teléfono celular a su clienta, quien realizó varias llamadas durante el encuentro.
El ingreso de teléfonos celulares por parte de los abogados se encuentra restringido por los protocolos de seguridad penitenciaria. Los dispositivos deben quedar depositados en un sobre especialmente dispuesto para ese procedimiento antes de ingresar al sector de visitas.
Desde el Servicio Penitenciario señalaron que estas medidas buscan preservar la seguridad y el normal funcionamiento de la institución, sin impedir el contacto entre los detenidos y sus defensores.
Como elementos probatorios, el expediente incorpora el informe elaborado por personal penitenciario y las imágenes de las cámaras de seguridad correspondientes al sector donde se produjo el encuentro.
La situación judicial de Lucero
Anabela Lucero cumple prisión preventiva luego de que el Ministerio Público Fiscal le formulara cargos por asociación ilícita, administración fraudulenta, ocultamiento y destrucción de evidencia.
La investigación también involucra al diputado Joaquín Beltrán, Enzo Lucero, Exequiel Scarel, Diego Torres y el empresario Christian Becher.
Según la acusación fiscal, Lucero habría ocupado un rol de conducción dentro de una organización investigada por el presunto desvío de fondos públicos para beneficio personal, de terceros y para actividades vinculadas a la política.
La situación procesal de los distintos imputados continúa bajo análisis judicial. En el caso del diputado Beltrán, el avance de la causa se encuentra condicionado por su condición de legislador y el correspondiente proceso de desafuero.
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