La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social dictó una sentencia de fuerte impacto previsional al declarar la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad aplicada durante la gestión del expresidente Alberto Fernández. Los magistrados determinaron que el mecanismo generó una pérdida real del poder adquisitivo superior al 46% y ordenaron recalcular los haberes de la demandante utilizando una pauta mixta que contemple la inflación. La resolución reabre el debate sobre la sustentabilidad de los ajustes aplicados entre 2021 y 2024 y marca un nuevo antecedente en el fuero federal.
Un defecto estructural sin anclaje en la inflación
El pronunciamiento judicial -firmado por los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado- revocó una resolución de primera instancia y dio lugar al reclamo impulsado por una jubilada. En los fundamentos, el tribunal señaló que la Ley 27.609 (sancionada a fines de 2020) padecía un «defecto estructural» insalvable al no incorporar un mecanismo de actualización atado directamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
De acuerdo con el peritaje técnico incorporado en la causa, mientras el acumulado inflacionario trepó al 1.129,07% durante el periodo analizado, los incrementos otorgados por la fórmula oficial apenas alcanzaron el 553,55%. Esta asimetría provocó un desfasaje real del 46,83%, vulnerando el principio de carácter sustitutivo e integral que la Constitución Nacional garantiza para las prestaciones previsionales.

El recálculo y la exclusión de los bonos
Para subsanar el perjuicio económico, la Cámara ordenó aplicar como pauta de empalme el esquema de actualización de la Ley 27.426, combinando un 70% de inflación y un 30% de variación salarial (Ripte), hasta converger en junio de 2024 con el régimen de movilidad mensual vigente establecido por el Decreto 274/2024.
Asimismo, los jueces ratificaron un punto clave respecto a los refuerzos y bonos extraordinarios entregados durante aquellos años: al tratarse de sumas fijas de carácter asistencial y transitorio, no integran la base del haber ordinario ni pueden computarse para compensar la pérdida de la movilidad general. En la liquidación final, la ANSES deberá descontar las sumas ya abonadas y aplicar los plazos legales de prescripción.
Alcance de la medida y el panorama judicial
Especialistas en derecho previsional aclararon que la sentencia no constituye un aumento ni una restitución automática para la totalidad del universo de pasivos de la ANSES, ya que su efecto legal se limita al expediente individual.
No obstante, este fallo -que se suma a un antecedente previo dictado por la Cámara Federal de Mendoza- representa un sólido respaldo jurisprudencial que estimula nuevos planteos judiciales. El impacto potencial es mayor entre los jubilados de haberes medios y altos que no percibieron los bonos estatales y cuyos ingresos sufrieron el mayor deterioro frente a la escalada inflacionaria. El expediente ahora se perfila como un nuevo escalón con destino a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.


