La Justicia dictó la inhibición de bienes a “Micky” Berardo

5 de septiembre de 2024

El ex funcionario de Rodríguez Saá y esposo de la ministra del Superior Tribunal Carolina Monte Riso está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, le prohibieron salir de la provincia durante cuatro meses.

La justicia provincial ordeno la inhibición general de bienes y prohibió la salida de la provincia durante cuatro meses a Miguel “Micky” Berardo, acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en una causa donde se investigan hechos de corrupción relacionados con el desembolso millonario para una obra pública y donde también está implicada la ex secretara de deportes, Cinthia Ramirez.

A días de dejar el gobierno, Berardo y Ramírez firmaron contratos para obras por 87,5 millones de pesos destinadas al movimiento de suelo, cierre olímpico y nivelación de dos canchas de fútbol. Las firmas correspondieron a tres contratos bajo reglas de juego particulares: el Estado iba a desembolsar un anticipo del 70%y el resto se pagaría una vez finalizadas las obras, todo mediante una contratación directa.

La fiscal adjunta Antonella Córdoba fue la encargada de describir las maniobras ilícitas que desplegaron Berardo y Ramírez desde el 22 de noviembre pasado. Ese día, Ramírez, Berardo y el socio gerente de MyD Construcciones, Miguel Ángel Acosta, firmaron el primer contrato de servicios. Consistía en el movimiento de suelo en la ciudad de La Punta e involucraba $5.250.000. Un día después, suscribieron el segundo para un cierre olímpico de cancha de fútbol 11 y otros trabajos por $17.500.500. Y el 23 de noviembre se cerró un tercer contrato para la preparación y nivelación de suelos de dos canchas de fútbol 11 y colocación de césped sintético por $65.520.000.

Córdoba señaló que se hizo una “contratación directa amparándose en una excepción del decreto 2791-2022 que habilitaba a utilizar esta modalidad cuando excediera los 5 millones de pesos, cuando estuviera suscrito por la presidenta del Ente (Ramírez) y del secretario de la Gobernación (Berardo)”. Córdoba relató que el 1° de diciembre (nueve días antes de dejar sus cargos), Ramírez solicitó la conformidad de Berardo en los tres contratos. Esa misma jornada, fueron avalados y autorizados. M y D facturó $3.675.000, $12.250.000 y $45.864.000 por el 70% de las obras. Y tres días después lo hizo por el 30% restante. El Estado desembolso esos fondos entre el 4 y 6 de diciembre, a días de la finalización del mandato de Rodríguez Saá y sin solicitar certificado de obra finalizada.

La fiscal señaló así una serie de irregularidades en la operatoria: no hubo “constancia de ejecución y finalización de obra”, lo que era “un requisito para el pago del 30%”; hubo una franca violación de la ley por el anticipo del 70%” y además se detectó un vínculo personal entre el socio gerente de MyD y la exfuncionaria que “surge de los movimientos de cuentas personales. Atento a que Ramírez transfirió al menos en tres oportunidades a su cuenta personal (de Acosta)”. Otro dato sospechoso: desde la creación de la empresa MyD “solo le facturó al Ente Deportes”.

Ese cúmulo de anomalías derivó en que se imputara a ambos exfuncionarios por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por tres hechos en concurso real, en perjuicio de la administración pública. Como medidas de coerción pidió la firma del libro por cuatro meses y la prohibición de salir de San Luis por el mismo plazo.

Poder y complicidad

El jefe de la Sala Penal de la fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón, adhirió a la formulación de cargos y señaló que Berardo y Ramírez “actuaron con el poder para un interés particular que podía ser propio o de terceros”. Y señaló además cierta complicidad de los funcionarios ya que el Estado hizo los desembolsos a pesar de que “no hubo certificado de obra porque no se lo pidieron a la compañía”.

Dijo además que “MyD nació solo para trabajarle al Ente Deporte”.

Por tratarse de un delito económico y ante una eventual sentencia se pidió el embargo sobre dos lotes de Berardo en Villa Antonio, Juana Koslay y sobre un inmueble de Ramírez, en Las Chacras.

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