Los diputados de la provincia aprobaron la propuesta del gobernador de suspender la ley que establece que la Justicia provincial intervenga en algunas causas de drogas.
La Cámara de diputados dio media sanción al proyecto de suspender la desfederalización del narcomenudeo, una iniciativa del gobernador Claudio Poggi que persigue el objetivo de combatir la inseguridad y el tráfico de drogas en la provincia. Ahora la propuesta pasará al Senado.
La desfederalización parcial en materia de estupefacientes fue aprobada mediante la Ley N° V-1081-2022, que está vigente desde el 1° de enero del año pasado, pero nunca fue implementada. La norma modifica en forma parcial la competencia penal en materia de estupefacientes, al establecer que algunos casos de narcomenudeo recaigan en la Justicia provincial, ya que de otro modo todas las causas por drogas son competencia de la Justicia Federal.
Desde la entrada en vigencia, “en la provincia nunca se trabajó en un protocolo de actuación”, indicó ayer la Agencia de Noticias del gobierno.
Los casos asignados a la competencia provincial, según esta ley de septiembre de 2022, son aquellos en los que se “comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor”.
Uno de los fundamentos que esgrimió el primer mandatario provincial al enviar el proyecto a la Legislatura es que las estadísticas de la Procuración General de la Nación y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar demuestran que las provincias que aplicaron la desfederalización parcial no lograron resultados positivos por una falta de coordinación en las pesquisas, que no permitió sancionar a los grandes narcotraficantes. Hasta ahora, han adoptado el sistema las provincias de Buenos Aires (2005), Córdoba (2012), Salta (2014), Formosa (2015), Chaco (2016), Entre Ríos (2018), Santiago del Estero (2018) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2019).
El procurador general de la provincia, Luis Martínez, no está de acuerdo con la propuesta de suspender la aplicación de la desfederalización: “Señalan que uno de los fundamentos del proyecto es la falta de coordinación con la competencia federal, que no había reglas claras y otras cuestiones que podían entorpecer la investigación de unos y otros. Eso no es así, porque la propia ley resuelve el tema de la competencia”, afirmó tiempo atrás, al ser consultado por Todo un país. “Es más, hicimos el convenio con la Procuración General de la Nación a través de la Procunar, para establecer la coordinación entre los dos fueros”, indicó.
La falta de coordinación en las investigaciones ha dificultado la sanción a los grandes narcotraficantes y limita las acciones principalmente a casos de comercialización en pequeñas dosis. Además, ha llevado a un aumento en los casos de tenencia y consumo personal, sin afectar significativamente el tráfico de drogas a gran escala, afirman en el gobierno.
El proyecto señala, además, que “en nuestra provincia, hasta el momento no se ha diagramado con claridad el circuito del procedimiento administrativo-policial- judicial de lucha contra el narcomenudeo, y resta aún la debida conformación e integración de los organismos que deberán intervenir en la ejecución de las nuevas disposiciones, dentro de los distintos poderes”.
Este fenómeno es especialmente preocupante en un contexto en el que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha identificado a la Argentina como uno de los países que integran las cinco principales corrientes de tráfico de cocaína hacia todo el mundo. Además, las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) colocan al país, junto con España, como los de mayor consumo de esta droga a escala global.
