Diego Emanuel Torres, uno de los imputados por la megacausa de corrupción Molino Fénix, que salpica de lleno al último gobierno de Alberto Rodríguez Saá, rompió el silencio este jueves, cuando el juez de Garantías debía resolver si lo enviaría preventivamente al penal junto a gran parte de los acusados. Otra vez insistió en que él solo fue un simple empleado del Complejo Molino Fénix y nunca un funcionario, confirmó que recibió órdenes de la exdiputaba Anabela Lucero y de su pareja, el diputado provincial Joaquín Beltrán, para trasladar en dos oportunidades mobiliario, equipos electrónicos, aparatos de luces y sonido que había en la Casa de la Música hacia otras direcciones particulares. Hechos que constituyeron el llamado “vaciamiento” del Molino Fénix.
Respecto a los fondos públicos que habrían desaparecido durante la administración del complejo, narró que, por expresa orden de Beltrán, realizaba transferencias de dinero y llenaba cheques destinados supuestamente a empresas vinculadas al Molino, pero sin saber qué destino tenían en verdad.
Todo eso lo relató el mediodía de este jueves. La inesperada decisión de declarar todo lo que sabía tomó por sorpresa a los fiscales José Olguín y Marcelo Palacio Fernández, quienes se vieron obligados a solicitar que la audiencia prevista para esta jornada fuera reprogramada para las 18.
Hubo de todo
Así fue. La audiencia, presidida por el juez de Garantías 4 de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, la llevaron adelante más tarde y terminó bien entrada la noche. En ella, hubo de todo. Aparte de repetir lo ya revelado horas atrás, puso en conocimiento del magistrado que había recibido “una amenaza”, a través de su teléfono celular, de parte de Virginia Lucero, hermana de la ex diputada acusada. Si bien no trascendieron datos acerca de qué fue lo que le habría advertido la mujer, Torres adelantó que realizaría la correspondiente denuncia.
Grupo de WhatsApp “compras.ok”
Torres empezó su declaración respondiendo prácticamente “sí” a todo lo que el fiscal Palacio Fernández le consultó sobre la sustracción de mobiliario del Molino Fénix, que llevaron a cabo en dos momentos: entre la noche del 15 de junio y la madrugada del 16 de junio de 2023 y el 9 de diciembre de ese mismo año, cuando faltaban apenas un par de días para el cambio de gobierno. Mencionó con lujo de detalles las características de todos los muebles, aparatos y documentación que movieron desde la Casa de la Música y un museo que hay en el complejo hacia las direcciones que les refirieron Lucero y Beltrán, una de ellas “la sede de calles Pringles y Bolivia”.
“Se cargaban mesas, sillas, una mesa de gran porte con vidrio, escritorio y sillones”, señaló. Dijo que en esos traslados también participaron el resto de los imputados y precisó con nombre y apellido a otros empleados. “Al llegar a la sede, cuando terminamos de descargar, por directiva de Lucero y Beltrán, mando una foto para avisar que los que nos habían pedido ya se había realizado”, aseguró. “Bueno, cierren y apaguen todo”, recordó, de manera textual, que le respondió la exlegisladora.
Esos mensajes y otras comunicaciones se las envió a uno de los dos grupos de WhatsApp que utilizaba para contactarse con Lucero y el resto de los involucrados en la causa penal. El grupo se llamaba “compras.ok”. Aclaró, además, que existía otro, denominado “chata”. Ese segundo chat grupal estaba integrado por algunos de los acusados y otras personas, que también nombró.
En “chata” hablaban de cómo usar el medio de transporte que había sido destinado al Molino Fénix, pero que empleaban para actividades que nada tenían que ver con el predio, como impulsar la candidatura de Anabela Lucero. Uno de esos vehículos, a preguntas del fiscal, Torres confirmó que era un colectivo. “Era usado para viajar a la legislatura y a otras localidades en campaña”, narró.
Confinado a completar cheques
Hacia el final de su declaración, los fiscales lo interrogaron para conocer el destino, en principio, de los $900 millones de pesos de fondos públicos que habrían desaparecido a través de transferencias y cheques endosados hechos a “empresas fantasma”. Torres contó que durante un año y medio lo confinaron a una oficina a realizar transferencias y completar cheques, cuyos firmantes siempre eran Beltrán, Scarel y Enzo Lucero, hermano de Anabela. “En reiteradas oportunidades pedí que pusieran a alguien para ayudarme con eso, pero no lo hicieron”, dijo sobre esa tarea que, según él, hizo en solitario.
Señaló que Beltrán le enviaba facturas y le decía en qué momento del día o el mes debía efectuar tal o cual transferencia o completar tal cheque. “Me mandaba a mí a rellenar los cheques. Pero yo nunca los firmaba, llenaba el destinatario y el mondo y, al menos, dos de los tres firmantes los sellaban. Podía ser el señor Beltrán, Lucero o Scarel”, afirmó.
Si bien indicó que, por lo general, iban dirigidos a proveedores que realizaban actividades propias para el Molino Fénix, en alguna que otra oportunidad tenían otros destinatarios. “Muchas veces Beltrán me decía si quedaba algún cheque con una firma y me encontraba con que a veces me mandaba, de la nada, fotos de cheques ya emitidos y que él ya había llevado. Yo desconozco si hubo alguna maniobra extraña, sí recuerdo que alguna vez completé cheques para alguna empresa extraña que mencionaron… Pero mi actividad llegaba hasta ahí nomás. A veces él mismo se llevaba el cheque y lo terminaba, pero yo desconocía, una vez que salía de la oficina, a dónde iban los fondos”, dijo una y otra vez, afirmando indirectamente su inocencia.
