Dos intendentes comisionados, Ramón Eulogio Cruz y su hijo Ramón Ezequiel Cruz, se encuentran bajo investigación judicial por diversas causas que involucran presuntos delitos contra la administración pública, incluyendo incumplimiento de deberes de funcionario público y fraude en perjuicio del Estado.
Las causas, iniciadas por denuncias de la Fiscalía de Estado, suman más de $150 millones en montos actualizados que no habrían sido rendidos correctamente por los acusados.
Ramón Ezequiel Cruz: rendiciones pendientes por casi $80 millones El hijo, Ramón Ezequiel Cruz, quien fuera intendente comisionado de la localidad de Las Aguadas, enfrenta una causa judicial bajo el expediente N° 419767/24. Se le imputa el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de la administración pública. Según la denuncia, no habría rendido los fondos correspondientes a coparticipación municipal por los trimestres comprendidos entre finales de 2019 y 2020, por un total histórico de $19.397.053,05. El monto actualizado supera los $80 millones. La causa se encuentra en etapa de investigación preliminar. Ramón Eulogio Cruz: dos causas activas por más de $70 millones.
Por su parte, Ramón Eulogio Cruz, padre de Ezequiel e intendente comisionado de Villa de Praga está involucrado en dos expedientes distintos: 1. En la causa N° PEX 427050/24, se lo investiga por no haber rendido fondos de coparticipación correspondientes a tres trimestres del año 2021 durante su gestión en Villa de Praga. El monto histórico asciende a $17.816.922,41, y actualizado ronda los $67 millones. En el expediente N° PEX 421240/24, se acumulan hechos que datan de entre 2009 y 2015, cuando también ejerció como intendente comisionado de Las Aguadas.
Se le atribuye la falta de rendición de más de $4,8 millones de aquel entonces, cifra que hoy se actualiza en aproximadamente $7 millones. En esta causa, ya se le formularon cargos el pasado 14 de marzo por los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en seis hechos diferenciados y en concurso real.
Ambos casos se encuentran bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción N°1 de Concarán y la Unidad de Gestión Fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial, lo que marca una señal de alerta sobre los controles administrativos y de rendición de cuentas en los municipios más pequeños de la provincia.
Estas investigaciones podrían sentar precedentes importantes respecto a la responsabilidad de los intendentes comisionados en la gestión de fondos públicos, en momentos donde la transparencia institucional vuelve a ser un eje central en el debate político provincial.
