La ley es la de extinción de dominio. Establece la posibilidad de retirarles los bienes que han obtenido de manera ilegal y subastarlos, para invertir ese dinero en viviendas y salud, además de otros destinos.
Si se prueba que un funcionario provincial se ha enriquecido en forma ilícita, la Justicia Civil podrá quitarle los bienes que sean producto de la corrupción. Eso propone el proyecto de ley de extinción de dominio que el gobernador Claudio Poggi envió a la Legislatura junto a otras siete iniciativas. La norma proyectada parte de una idea original del diputado provincial Charly Pereira que fue enriquecida con aportes de los colegios de abogados, el colegio de agrimensores, el Consejo Provincial de Ciencias Económicas y magistrados y funcionarios de las Justicias provincial y federal.
¿En qué consiste la extinción de dominio? “Para que se entienda, es la extinción de la propiedad. Dominio es la denominación jurídica que muchas veces consta en los códigos civiles o en otros instrumentos jurídicos”, explicó el diputado Pereira.
El proyecto de ley establece -amplió- “la extinción de la propiedad en aquellos casos en que el titular no puede acreditar un origen legítimo o lícito del bien que posee o titulariza. Está particularmente orientado a los funcionarios públicos y también a tenedores o poseedores”.
“En síntesis, es un reclamo ciudadano, se trata de lo que en las redes sociales la gente manifiesta cuando dice ‘que devuelvan la que se llevaron’”, sentencia el legislador.
“Yo lo venía advirtiendo y eso me llevó a que en junio de 2023, en pleno proceso electoral, cuando medios periodísticos como El Chorrillero y De política, daban cuenta de este crecimiento no razonable en el patrimonio de los funcionarios, en bienes inmuebles, en desarrollo de loteos o adquisición de rodados de alta gama, por mencionar lo que ha sido más visible, se me ocurrió que esta ley era la herramienta más idónea para recuperar eso producido por esos actos de corrupción. Entonces presenté el proyecto”, afirmó el diputado.
Consenso y aportes
Cuando Poggi asumió, se interesó en ponerlo en forma prioritaria en su agenda. “El gobernador podría haberlo sacado por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y que después la Legislatura lo refrendara, pero decidió hacer una amplia convocatoria”.
“Participaron los colegios de abogados de Villa Mercedes y San Luis, el colegio de agrimensores, que hizo un aporte técnico muy valioso sobre cómo hacer el relevamiento para descubrir la titularidad de un bien que puede esar tercerizado. Otra intervención muy buena fue la del Consejo Provincial de Ciencias Económicas de la provincia”.
“El proyecto se enriqueció. Hicieron aportes muy buenos que van a estar en la ley y en la reglamentación y le van a servir al juez Civil, que va a llevar una investigación más allá de los aportes que hagamos los denunciantes”, dijo Pereira.
Explica que “la extinción tiene que ver con que al no poder dar cuenta el funcionario de por qué posee esos bienes, su patrimonio, esos bienes son restituidos al dominio, a la propiedad del Estado, y luego se les asigna un fin vía subasta. En este caso, el texto definitivo que ha enviado el gobernador a la Legislatura establece que el producto de esos bienes ilícitos va a ser destinado a viviendas sociales, salud pública, entre otros destinos”.
La iniciativa del legislador reconoce dos antecedentes en el país. Uno es el DNU del ex presidente Mauricio Macri, que no fue refrendado por el Congreso en 2019. El otro es una ley provincial de Mendoza, gracias a la cual a un ex intendente de Guaymallén, Luis Lobos, condenado por administración fraudulenta, le incautaron bienes por 125 mil millones de pesos, que luego fueron subastados. Pereira entiende que la ley de extinción de dominio permitirá que, mientras la Justicia Penal realiza su investigación, la Justicia Civil hará lo suyo para impedir que los investigados enajenen los bienes que han obtenido gracias a maniobras ilícitas.
