Los cuatro vecinos de la ciudad de San Luis alcanzados por la redada internacional “Aliados por la infancia V”, lanzada para combatir el abuso sexual infantil y en la que participaron la Policía y la Justicia de la Provincia, corrieron la misma suerte: todos fueron encarcelados con prisión preventiva, por resolución de los jueces provinciales a cargo de las causas.
El último en ser alojado en la Penitenciaría de San Luis fue el técnico informático Emilio Soria, que desde 2018 trabajaba en el Gobierno provincial. El juez de Garantía subrogante Juan Manuel Montiveros Chada dispuso su prisión preventiva por 120 días.
Lo determinó en la misma audiencia en la que aceptó la imputación que la fiscalía propuso contra el acusado: “publicación, falsificación, divulgación y distribución de representaciones de actividades sexuales explícitas de menores de edad, agravado porque en la mayoría de los archivos detectados las víctimas serían niñas y niños menores de 13 años”.
De este modo, Soria se sumó a los otros tres investigados: Adrián Tobio Morán, de 30 años, Gastón Nelson Salinas, de 44, y Luis Eduardo Bonilla, de 70, quienes también cumplen prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.
La determinación contra Soria se demoró porque su defensa había pedido la prórroga de la detención por ocho días, aplazamiento previsto en el artículo 40 de la Constitución Provincial.
En ese ínterin el imputado cambió de abogado. Su nuevo defensor, Federico Farías, pidió la interrupción de la prórroga que había solicitado su predecesor. Además, rechazó la acusación y cuestionó la evidencia reunida. Solicitó medidas menos gravosas que la prisión preventiva, como la firma periódica en el libro de procesados y la prohibición de salir de la provincia o, en su defecto, la prisión domiciliaria.
También ofreció como caución un vehículo de su propiedad. Antes de finalizar la audiencia, dejó interpuesto un recurso de revisión de la medida de coerción, que será evaluada posteriormente por el Tribunal de Impugnaciones.
El operativo internacional “Aliados por la infancia V”, el martes 26 de agosto pasado, incluyó procedimientos en quince países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.
En la Argentina hicieron más de 50 allanamientos en 13 jurisdicciones: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz y Tucumán.
