El Senado aprobó el proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno nacional con el respaldo de La Libertad Avanza y bloques dialoguistas. La iniciativa modifica aspectos centrales del sistema de contratación, negociación colectiva, indemnizaciones y organización del tiempo de trabajo, con el objetivo oficial de incentivar la generación de empleo formal.
Uno de los cambios más relevantes es la habilitación de convenios por empresa. La norma establece que los acuerdos de ámbito mayor no podrán modificar ni imponer condiciones sobre los de ámbito menor. Además, fija un plazo de un año para renegociar los convenios colectivos una vez vencidos y dispone que las asambleas sindicales deberán contar con autorización previa del empleador.
En materia de despidos, la reforma introduce un tope a las indemnizaciones equivalente a un salario promedio del convenio por año trabajado, excluyendo bonos, premios y otros conceptos no mensuales. También crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a ayudar a empresas que no puedan afrontar despidos, financiado con aportes de grandes compañías. La Justicia laboral, a su vez, no podrá actualizar créditos laborales por encima de la inflación más un 3% anual. Las pymes podrán pagar indemnizaciones en hasta 18 cuotas y las grandes empresas en 12.
El proyecto mantiene los aportes sindicales obligatorios y voluntarios, pero fija un tope del 2%. Las obras sociales sindicales conservarán el aporte empresarial del 6%. En paralelo, se establece que los bancos serán los únicos habilitados para pagar salarios, dejando afuera a las billeteras virtuales. Entre los cambios institucionales, se prevé el traspaso de la Justicia nacional del trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
En relación con la jornada laboral, se crea un sistema de “banco de horas” que permitirá compensar horas extra con francos u otros esquemas, respetando los descansos mínimos. También se amplía el período de vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de fraccionarlas en períodos no menores a siete días.
La reforma fija requisitos de validez para certificados médicos y habilita juntas médicas ante discrepancias entre trabajador y empleador. Además, prevé incentivos a la contratación mediante rebajas de contribuciones patronales.
El texto incorpora un nuevo Régimen de Inversiones para pymes, con beneficios impositivos, y regula el trabajo en plataformas al considerar a los repartidores como “prestadores independientes”, obligando a las empresas a contratar seguros de accidentes y brindar capacitación.
Por último, se eliminan impuestos internos a bienes considerados suntuarios y se crea un régimen específico para servicios privados de movilidad y reparto a través de plataformas tecnológicas, estableciendo derechos y obligaciones tanto para los prestadores como para las empresas.
