Más allá de la Ley de Desendeudamiento que promovió el gobierno provincial para ayudar con la economía de las familias puntanas, un nuevo proyecto de ley busca incorporar un Régimen de Sobreendeudamiento del Consumidor a la normativa provincial de Defensa del Consumidor, con el objetivo de intervenir antes de que los conflictos deriven en juicios de ejecuciones por parte de los bancos y situaciones difíciles de revertir.
La iniciativa parte de una problemática que afecta a numerosos hogares: el crédito, que durante años fue una herramienta para acceder a bienes y mejorar las condiciones de vida, se convirtió para muchas familias en un recurso para cubrir gastos cotidianos y necesidades básicas. El uso de tarjetas de crédito, préstamos y billeteras virtuales, junto con las dificultades para sostener los pagos, puede derivar en una acumulación de deudas que termina comprometiendo los ingresos familiares.
Frente a este escenario, el proyecto propone que el Estado provincial cuente con herramientas para intervenir de manera temprana y facilitar acuerdos entre los consumidores y sus acreedores, evitando que el conflicto avance directamente hacia la vía judicial.
Un mecanismo para renegociar las deudas
El régimen propuesto establece un procedimiento preventivo y accesible para las personas que no puedan cumplir con sus obligaciones financieras sin comprometer su subsistencia, su salud o su proyecto de vida.
Para iniciar el trámite, el consumidor deberá presentar información sobre sus ingresos, situación patrimonial, composición del grupo familiar, deudas y gastos esenciales. Con esos datos, la autoridad competente evaluará su capacidad real de pago.
Uno de los puntos centrales es que las cuotas destinadas al pago de las deudas no superen el 40% del ingreso neto mensual, según el límite previsto en el proyecto. La intención es evitar que los acuerdos de refinanciación generen nuevas dificultades económicas y permitan sostener las necesidades básicas del hogar.
Suspensión de cobros y audiencias de conciliación
Entre las medidas previstas, la iniciativa contempla la suspensión de nuevas acciones de cobro y de los intereses punitorios mientras dure el procedimiento. De esta manera, se busca generar un espacio para negociar una salida al endeudamiento sin que la situación continúe agravándose durante las conversaciones.
El mecanismo prevé hasta tres audiencias obligatorias de conciliación entre el consumidor y sus acreedores. En esos encuentros podrán evaluarse distintas alternativas, como la refinanciación de las obligaciones, la ampliación de los plazos, la reducción de intereses y la consolidación de varias deudas en un único plan de pago.
Los acuerdos deberán ajustarse a la capacidad económica efectiva del deudor. Además, podrán ser homologados y tendrán carácter obligatorio para las partes, de acuerdo con las condiciones establecidas en el régimen.
Proteger los ingresos y las necesidades básicas
La propuesta se apoya en principios como la protección del consumidor vulnerable, la buena fe, el esfuerzo compartido entre deudores y acreedores y la sustentabilidad económica de los acuerdos.
El objetivo es evitar que una persona o una familia quede atrapada en un círculo de endeudamiento del que resulte cada vez más difícil salir. Para eso, plantea que el cumplimiento de las obligaciones financieras debe contemplar también la posibilidad de cubrir la alimentación, la vivienda, la salud y los demás gastos indispensables.
Con esta iniciativa, se suma a la discusión legislativa una propuesta orientada a abordar el sobreendeudamiento desde una perspectiva preventiva, con herramientas de negociación y reorganización de las deudas antes de que los conflictos escalen.
El desafío será establecer un mecanismo que permita encontrar un equilibrio entre los derechos de los acreedores y la protección de las familias, para que las dificultades económicas puedan resolverse mediante acuerdos sostenibles y no terminen profundizando la vulnerabilidad de los hogares.
