Ya hay 82 inscriptas. El sistema ya tiene a 139 beneficiarios, entre los que hay niños, adolescentes, personas mayores, con discapacidad y con trastorno mental.
El pedido de solidaridad con niños y adolescentes que necesitan protección, lanzado por el gobierno provincial y la Justicia, ya ha encontrado eco en más de ochenta familias solidarias de la provincia, pero la propuesta sigue abierta y todos los que quieran brindar una mano tienen la oportunidad de sumarse. Semanas atrás, el Ministerio de Desarrollo Humano, en un trabajo conjunto con el Poder Judicial, renovó la convocatoria a sumarse al sistema de familias solidarias que estén dispuestas a contener a niños y adolescentes. Buscan familias o personas solas mayores de edad para hacerse cargo, de manera temporaria, de niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 18 años, a quienes deben dar cuidado y resguardo mientras dure la medida judicial de protección por la que fueron separados de su familia de origen.
“A la fecha tenemos 82 familias solidarias con 139 beneficiarios en toda la provincia; están incluidas familias que albergan a niños, niñas y adolescentes, como así también a personas mayores, personas con discapacidad y personas con trastorno mental”, le indicó a Todo un país el subdirector de Protección a la Niñez, Adolescencia y Familia, Leonardo Corica. A mediados de junio eran 65 familias y 110 los beneficiarios.
Aquellos que acepten el desafío deberán contener a niños, niñas y adolescentes de entre 0 a 18 años de edad, en situación de vulnerabilidad, que no puedan permanecer en forma temporal con sus familias de origen.
Los interesados en sumarse al sistema deben dirigirse al edificio administrativo de Ayacucho 945, 3° piso, entre Rivadavia y San Martín, de ocho a seis de la tarde. O bien llamar al 2664-452000 (interno 8462). En las oficinas céntricas serán entrevistados por las psicólogas del área interviniente. “Se hacen dos o tres entrevistas en diferentes días; pasada esa instancia intervienen las trabajadoras sociales, que concurren al domicilio del interesado a ver si están dadas todas las condiciones para albergar a la persona”, indicó Corica.
Detalló que “una vez que el niño, niña o adolescente ingresa al sistema, permanece por seis meses y el equipo interdisciplinario trabaja con él y con la familia solidaria, como así también con la familia extensa o referentes afectivos, haciendo, por ejemplo, revinculaciones”.
¿Qué ocurre cuando se ha cumplido ese plazo y las condiciones para que el chico vuelva a su familia de origen todavía no están dadas?, le consultó este medio a Corica. “Si el equipo lo considera pertinente, transcurridos los seis meses el convenio se puede renovar por seis meses más. Y agotadas todas las instancias, el equipo técnico le informa a la jueza que declare el estado de adoptabilidad y una vez declarado, interviene el RUA, que es el Registro Único de Adoptantes, para empezar a evaluar en conjunto en el juzgado los pretensos adoptantes”, explicó.
Hay que tener en cuenta que ejercer el rol que establece este sistema no significa asumir una adopción, advirtió el funcionario. Y recordó que, como condición excluyente “para adoptar, una familia tiene que estar inscripta en el Registro Único de Adoptantes”.
Quienes son aceptados como protectores en el programa perciben un subsidio mensual de 82.000 pesos de parte del Estado provincial. “El monto es fijo por cada persona que ingresa al sistema”, dijo Corica.
Este régimen de guarda temporal abarca a niños, adolescentes, personas mayores, con discapacidad o con trastorno mental que se hallen en estado de vulnerabilidad o en condiciones que resulten perjudiciales para ellos. Algunas de esas situaciones excepcionales pueden tener que ver con casos de maltrato grave, omisiones de cuidado graves o situaciones de delito contra la integridad sexual.
