Es a raíz de una denuncia que hizo el rector Marcelo Sosa luego de detectar que los sistemas contables habrían sido adulterados antes del cambio de mando.
Una delegación de la Policía Federal se hizo presente en la Universidad Nacional de Villa Mercedes y procedió a secuestrar cuatro computadoras que estaban afectadas al área de Hacienda.
El accionar de la fuerza federal tuvo lugar en horas de la mañana y se extendió por aproximadamente dos horas. El año pasado la universidad había solicitado un peritaje oficial a sus sistemas informáticos.
El Asesor Legal de la UNViMe, Juan Manuel Quiroga, explicó que la intervención de los efectivos se originó por orden de la Fiscalía Federal, donde el Rector Marcelo Sosa radicó la denuncia penal el pasado 7 de diciembre, al detectarse el presunto ataque sufrido en los sistemas contables unos días antes, más precisamente el día 28 de noviembre.
Como informara la propia universidad el año pasado, el personal que se desempeña en el área de Liquidación de Sueldos efectuó en esa fecha el trabajo de carga de información, conforme a las nuevas paritarias salariales, con el objetivo de que se cumpliera al día siguiente con el trámite final que se comunica a la entidad bancaria.
Sin embargo, al presentarse el día 29 se encontró con la novedad de que el sistema SIU-Mapuche utilizado para este fin “había sido alterado y modificado”.
“Las modificaciones consistieron en la alteración de descripciones, categorías y fórmulas de cálculo del sistema, lo que perjudicó el trabajo de las agentes administrativas y los haberes de más de 500 empleados, generando un desequilibrio en los montos de sueldos”, dice en uno de los párrafos la presentación legal.
Sobre la base de los hechos relatados, se presume que los autores de la “acción ilícita actuaron de forma dolosa y sin autorización, conociendo claves y fórmulas del sistema, a través de la introducción, alteración, borrado o supresión de datos informáticos o mediante cualquier forma de atentado al fundamento de un sistema informático, con la intención de producir un perjuicio patrimonial a la Universidad”.
La denuncia presentada se funda en el Art. 153 Bis del Código Penal, que “sanciona a quien sin autorización accede, introduce, altera, borra, o suprime datos informáticos o atenta contra el funcionamiento de un sistema informático, con la intención de producir un perjuicio patrimonial a otro, sin perjuicios de otros tipos penales más graves que pudieran corresponder o resultar de la investigación”. En la denuncia se hace constar que este acceso no autorizado al sistema constituye una violación a la “información privada de los datos informáticos que son privados, ya que son personales de los empleados de la Universidad”.
También se señala que la intención fue producir un “perjuicio patrimonial” a la institución, “ya que la alteración de los datos provocó un desequilibrio en los montos de sueldos, lo que hubiera generado un gasto exorbitante para la Universidad y deudas en relación al sistema de seguridad social”.
A modo ejemplificativo, uno de los sueldos liquidados de una docente superaba los ¡¡21 millones de pesos!!.
En la denuncia se presentan a modo de Prueba el Acta confeccionada por agentes de la UNViMe que acredita la alteración del sistema SIU-Mapuche por el área de Hacienda, print de pantallas con datos personales, financieros, académicos que fueron accedidos por los autores de los hechos, fotografías tomadas por los agentes administrativos y declaraciones de diferentes testigos, que son los agentes involucrados en esta tarea de liquidación de sueldos y funcionarios de mayor rango, como los Secretarios de Hacienda y Administración y General.
La denuncia que lleva la firma del Rector Marcelo Sosa solicita “se proceda a designar peritaje informático por el cuerpo profesional forense para que determine ingresos al SIU-Mapuche, autorizados al ingreso, niveles de autorización, IP de ingresos y/o todo otro dato relevante para el esclarecimiento de los hechos”.
En cumplimiento de dicha solicitud es que la justicia dispuso el secuestro de las computadoras, que fueron cuatro (4), afectadas a la tarea de liquidación de sueldos.
