En el Día de la Memoria, el Gobierno Nacional anunció la desclasificación de toda la información sobre el accionar de las fuerzas armadas durante la Dictadura. Además tomó una medida que dividirá las aguas nuevamente en la Argentina: declarar delito de lesa humanidad el asesinato de la familia del capitán Humberto Viola, propiciado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
«El Presidente instruyó la desclasificación de toda la información y documentación durante el período de 1976 y 1983. Así como toda otra documentación producida en otro período, pero relacionada con el accionar de las fuerzas», sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de un mensaje grabado el pasado viernes y difundido este lunes.
En la misma línea, agregó: “Esto implica el traspaso absolutamente de estos archivos en manos de la SIDE a la órbita del Archivo General de la Nación, organismo encargado de la conservación y consulta de documentos históricos”.
Para la administración libertaria, “estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra”, por lo que por instrucción del presidente Javier Milei pasarán “a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política”.
Si bien la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso en 2010 por decreto la desclasificación de la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas, Adorni aclaró que “nunca fue implementado completamente”.
Después el vocero dio detalles de la decisión presidencial, sobre el asesinato de la familia del capitán Viola.
“En el año 2008, la justicia argentina rechazó abrir la causa, alegando que este atentado no se trató de un delito de lesa humanidad. En 2016, la viuda del capitán Viola apeló ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en búsqueda de justicia internacional”, recordó Adorni.
Luego contó que bajo la presidencia de Milei se decidió entablar diálogo con la familia, «llegando a un acuerdo histórico de solución amistosa, donde se revierte la mirada sesgada e ideologizada que sostuvieron gobiernos anteriores respecto a los trágicos sucesos de la década del 70”. Y concluyó: «Para el Presidente el asesinato del capitán Viola y su familia constituyó un crimen de lesa humanidad».
Milei instruyó a la Secretaría de Culto y Civilización de la Cancillería, a cargo de Nahuel Sotelo, para que establezca ante la CIDH que el crimen de la familia Viola debe ser considerado un delito de lesa humanidad, tras argumentar que se trató de “un conflicto armado interno”.
Para eso, el Gobierno enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley con la intensión de establecer «la imprescriptibilidad penal y civil de este tipo de delitos».
