Un agente penitenciario pasó a estar del otro lado de las rejas. La Fiscalía de Instrucción Penal en Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores Nº 2 le formuló cargos por el presunto delito de “corrupción de menores agravada por el vínculo, abuso simple agravado por la convivencia y producción de representaciones de menores con fines sexuales”. Las víctimas serían su hija y la hermana de su pareja, ambas menores de edad.
Durante la audiencia, realizada este sábado en el Juzgado de Garantía Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial, las fiscales Antonella Córdoba y Mercedes García explicaron que la causa inició a partir de una denuncia presentada por el subdirector general del Servicio Penitenciario Provincial, Juan Carlos Serrano. El subdirector informó que el 22 de octubre personal penitenciario encontró dos pendrives en las cocheras del Complejo Penitenciario Nº 1.
El Poder Judicial precisó que no difunde detalles explícitos ni información que permita identificar a las personas involucradas por tratarse de un delito contra la integridad sexual contra menores. De esta forma protege la intimidad, la dignidad y la integridad de las víctimas.
Al ser analizados por el Departamento de Investigaciones de Delitos Complejos, se advirtió que contenían material de abuso sexual infantil de producción local, grabado con una cámara oculta en una vivienda. En los registros audiovisuales se identifican nombres y se observa a un hombre realizando actos de abuso sexual contra dos niñas. Esto permitió establecer su identidad y disponer su inmediata detención, de acuerdo a lo informado por Prensa del Poder Judicial.
Durante la audiencia, la Fiscalía ofreció evidencia que sustenta la imputación provisoria de los hechos y subrayó la gravedad y particularidad del caso, al tratarse de material de producción local y con víctimas identificadas.
Las representantes del Ministerio Público Fiscal explicaron que cuentan con prueba directa de una agresión sexual. En virtud de ello, solicitaron la prisión preventiva por el plazo de 120 días, fundamentaron su pedido en la gravedad de los hechos, el riesgo de entorpecimiento de la investigación y el peligro concreto para las víctimas.
La Defensora de Niñez, Adolescencia e Incapaces Nº 3, Silvina García, adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal. Además solicitó a los medios de prensa preservar la identidad del acusado y de las víctimas, a fin de resguardar la integridad de las niñas involucradas y evitar su revictimización.
Mientras que Héctor Zabala Agüero, el abogado defensor, manifestó que los hechos relatados por la Fiscalía serán materia de análisis a lo largo del proceso y solicitó que su asistido cumpla la medida de coerción en modalidad de prisión domiciliaria. No consideró acreditados los riesgos procesales que justifiquen la detención en el Servicio Penitenciario.
Finalmente la jueza Natalia Lazarte Otero dio por formulados los cargos en los términos solicitados por la Fiscalía, al considerar que la imputación se encuentra debidamente sustentada conforme al Código Procesal Penal. Y dispuso la prisión preventiva del imputado por el plazo de 120 días, por entender que es la única medida eficaz para neutralizar los riesgos procesales y asegurar el desarrollo de la investigación.
